En marzo del 2012 la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la violencia en los conflictos sociales. Las cifras que mostró esta institución eran, a todas luces, alarmantes: desde enero del 2009 hasta setiembre del 2011 se registraron mensualmente entre 98 y 129 conflictos violentos. Y entre el 2006 y el 2011 los conflictos analizados por la defensoría dejaron 2.312 heridos y 195 muertos.

Este valioso informe, sin embargo, dedicó la mayor parte de su análisis solo a uno de los aspectos del problema: el de las medidas que debe tomar la policía para evitar violaciones de derechos humanos y excesos en el uso de la fuerza. A un año de esta publicación (y teniendo en cuenta que –según las recientes cifras de la defensoría– los conflictos sociales han aumentado hasta llegar a 220 en enero de este año), no estaría de más que se elabore un informe actualizado y que analice a todos los actores involucrados en las violaciones de libertades personales. Después de todo, es un error partir de la premisa de que las violadoras de derechos humanos solo son las fuerzas del orden.

Veamos, por ejemplo, el caso de Conga en Cajamarca , donde la libertad de expresión de los pobladores viene siendo severamente cercenada por el movimiento antiminero. Uno de los lugares más afectados fue Celendín, donde se implantó una censura total por medio de la fuerza. Antes de la primera revuelta contra Conga operaban en esta ciudad por lo menos nueve programas periodísticos que opinaban libremente en la radio y la televisión. Durante las manifestaciones, solo a Radio Celendín, dedicada a hacer campaña contra el proyecto, se le permitió continuar sus operaciones. Los demás medios tuvieron que cerrar. Los periodistas Eder Alcántara, Eli Guerrero y Jesús Chávez Pereyra, entre otros, fueron agredidos, vejados y obligados a portar carteles o hacer comentarios contra Conga. Algunos de esos programas han reaparecido, pero no se les permite tocar el tema minero si no es en contra de la mina.

A los casos de restricciones de la libertad de expresión en Cajamarca hay que sumarles, por supuesto, los de secuestros, lesiones, destrucción de propiedad y restricción violenta de la libertad de tránsito.

Por lo demás, como se sabe, el caso de Conga no es el único en el que se han presentado violaciones de derechos humanos. Todos recordamos, por ejemplo, lo sucedido con el señor Héctor Herrera Mendoza, fiscal provincial de Espinar, quien fue secuestrado por manifestantes que incendiaron su vehículo, amenazaron con quemarlo vivo y lo obligaron a regresar caminando descalzo a la ciudad. O, por mencionar otro caso, en diciembre los comuneros de San Juan de Cañaris secuestraron a tres geólogos que trabajaban para la empresa Candente Copper Perú como protesta contra el gobierno por dar luz verde a su proyecto extractivo. Y no podemos pasar por alto las acusaciones a dirigentes antimineros en varios lugares del país, según las cuales, para llevar a los campesinos a las movilizaciones, los amenazan con multas, con quitarles sus tierras, con privarlos del turno de agua o con someterlos a juicios ronderiles.

Por supuesto, la defensoría debería analizar también a profundidad cualquier caso en el que se demuestre que las empresas mineras violan los derechos humanos de la población. Además de estudiar eventuales acusaciones de contaminación, la defensoría haría bien en denunciar y recomendar medidas para evitar que los mineros usen la violencia para conseguir sus fines. Estas situaciones, de hecho, son pan de cada día en los lugares donde reina la minería informal, como pudimos ver cuando cientos de mineros informales agredieron a 21 personas en la mina Las Mellizas (esta sí formal). Las víctimas fueron golpeadas, atacadas con dinamita y finalmente secuestradas para impedir que se constituyera un puesto policial en la mina.

La defensoría realiza un amplio y permanente trabajo de registro e intermediación en conflictos sociales. Sin embargo, en su próximo informe no debería olvidar que su labor de vigilancia de los derechos humanos no estará completa si pasa por alto a alguno de los grupos que los atropellan.