Al cumplirse otro aniversario del asesinato de 8 periodistas en Uchuraccay, se ha destacado que luego de tres décadas ni ellos ni sus deudos hayan alcanzado justicia y reparación. Siendo muertes tan emblemáticas sorprende su invisibilidad y el menosprecio oficial de su condición de víctimas símbolo de un proceso cruento y bestial.

Más invisibles, si cabe el término, son los campesinos de Uchuraccay. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha documentado la dolorosa circunstancia que les tocó vivir a centenares de mujeres, hombres y niños atrapados por el fuego de una violencia que no escogieron y de la que no pudieron escapar. La memoria nos exige recordar la muerte de los periodistas y reivindicar a una comunidad victimada.

Uchuraccay, antes y después de la muerte de los periodistas, fue objeto de acoso de Sendero Luminoso (SL) y luego del asesinato de los hombres de prensa escenario de muerte por obra de terroristas, militares y rondas campesinas. En pocos meses fueron asesinados 135 miembros de una comunidad de 470 habitantes. El ensañamiento contra ellos fue espantoso; según la CVR, fueron asesinados con hachazos, apedreados, acuchillados o ahorcados, y en varios casos los cuerpos arrojados en los cerros y comidos por los perros. Muchos ni siquiera fueron denunciados como desaparecidos.

Los campesinos que han pasado a la historia como verdugos fueron primero víctimas de un Estado que los estimuló a enfrentarse al terrorismo sin armas y sin protección. Días antes del asesinato de los periodistas, los militares los llamaron a matar a los extraños que llegaban a pie porque ellos (los militares) no vendrían por tierra sino solo en helicópteros.

La comunidad de Uchuraccay encabezó la primera gran rebelión campesina contra SL; a inicios de 1983 se encontraban movilizados contra el terrorismo según algunos testimonios hasta 5 mil personas. Varias de estas comunidades se enfrentaron a SL con picos y palas, y durante meses demandaron la ayuda y protección del Estado como consta en el Informe de la Comisión Vargas Llosa, designada por el gobierno de entonces luego de la muerte de los periodistas.

Después del asesinato de los periodistas, el Estado abandonó a Uchuraccay y en los meses siguientes SL incursionó varias veces en el pueblo. Los comuneros recuerdan sobre todo tres ataques perpetrados en 1983, el 20 de mayo, el 16 de julio y el 24 de diciembre. Luego vinieron a saquear el pueblo los Comités de Autodefensa Civil, formados por las comunidades de las zonas altas de la provincia de Tambo y los militares. Los nuevos agresores quemaban las casas, robaban los enseres y ganado, violaban a las mujeres y mataban a los niños. Estos episodios no son imaginarios, forman parte de decenas de testimonios recogidos por la CVR entre las páginas 142 y 147 del Tomo V, “Historias representativas de la violencia” del Informe Final.

El estigma y la persecución obligaron a los campesinos de Uchuraccay a desplazarse y negar su identidad personal y comunal. Donde se refugiaban mentían sobre su origen, porque eran considerados una comunidad asesina. El pueblo fue destruido y a mediados de 1984 dejó de existir y solo en octubre de 1993 algunas familias se atrevieron a retornar; ese mes, 24 familias retornaron luego de 10 años, desde el Valle del río Apurímac, Ica, Huanta, Ayacucho y Lima. Un nuevo pueblo se construyó cerca del anterior y según la CVR, desde el nuevo pueblo todavía puede observarse el antiguo centro de Uchuraccay, la antigua plaza, la iglesia de piedra, el local comunal y el cementerio.

Un hito para la memoria fue el acto celebrado el 1º de junio del 2002, día en que la población entregó a los representantes de la CVR la lista de los 135 uchuraccaínos asesinados, elaborada en dos asambleas comunales. 30 años después de la muerte de 8 periodistas, es preciso rescatar la memoria de otros 135 peruanos. Algunos de ellos participaron en el asesinato de los hombres de prensa y merecieron ser juzgados. En este caso, sin embargo, no ha sido juzgado el papel del Estado.