Se abrió paso a la decencia el 22 de noviembre del 2000. El próximo miércoles se cumplen doce años desde que, con Valentín Paniagua a la cabeza, se instaló el gobierno de transición. Respondía el país, así, a la gangrena de la corrupción, la mentira, la falta de transparencia y las violaciones de derechos humanos que se habían convertido en política oficial. Terminó el gobierno de Paniagua con 71% de aprobación, el 28 de julio de 2001, luego de ocho meses de una gesta histórica para sacar al país de su mayor crisis moral e institucional del siglo XX.

Se podría hacer una larga lista de logros sobre la democratización, la transparencia y el saneamiento moral del país en esos cortos pero intensos 8 meses. Menciono cuatro a modo ilustrativo.

Primero, la lucha contra la corrupción. Normas como las de colaboración eficaz que se dictaron y los procesos judiciales contra la corrupción permitieron que, en ese breve lapso el Estado recuperara más recursos de los que se pudo recuperar en los 10 años que le siguieron: 200 millones de dólares. De cara al futuro, se institucionalizaron normas, por primera vez, orientadas a garantizar a la ciudadanía el acceso a la información en manos del Estado y, con ello, hacer de la transparencia una obligación de política pública y no una dádiva de algún burócrata.

Segundo, la recuperación de los derechos humanos como obligación del Estado. Restableciendo la normalidad de las relaciones con el sistema internacional de derechos humanos y sentando las condiciones para que los tribunales pudieran cumplir su papel. Atrocidades como La Cantuta o Barrios Altos pudieron ser, finalmente, investigadas. Los resultados son conocidos y han dado un ejemplo al mundo de lucha contra la impunidad, con una justicia independiente y sin venganza. En procesos judiciales ejemplares y en armonía con el sistema internacional el Perú dio una clara señal al mundo de cómo una transición democrática puede barrer el abuso y el atropello con la mano de la justicia y respetando el debido proceso.
Tercero, la reinstitucionalización democrática del Estado. Empezando por recuperar la independencia de la justicia y el equilibrio de poderes y el escrupuloso respeto al Estado de Derecho.

Cuarto, de cara a la reconciliación nacional, la constitución de una Comisión de la Verdad. Que no surgió de sorpresa sino luego de un amplio proceso de consultas a nivel nacional y de que lo solicitaran, por escrito, todos los candidatos a las elecciones presidenciales del 2001. Allí está su informe final en el que claramente sindica a Sendero Luminoso como quien desencadenó la violencia en 1980. Informe que, como cualquier obra humana, no es perfecto y puede ser complementado con otros productos. Pero que, superado el sectarismo e intolerancia de los extremistas de uno y otro lado, debería ser ingrediente importante de la información que se transmite en la educación de la juventud para que una tragedia así no se repita.

El aire fresco que trajo la decencia que encarnaba Paniagua cambió las cosas en el país. Para quien esto escribe fue un privilegio poder integrar ese equipo en ese momento histórico. Por la función que me tocaba desempeñar como responsable del sector Justicia tenía retos enormes por delante. Pero en mi caso tenía una enorme ventaja que era la de ejercer la responsabilidad del sector como parte de un equipo encabezado por alguien como Paniagua con quien era un lujo despachar y trabajar a diario por su rigor jurídico y fina capacidad de análisis.

Haciendo un balance retrospectivo es obvio que ese proceso de “saneamiento” moral e institucional está directamente conectado a la positiva evolución económica en los años que siguieron. Que no se explica sólo por el entorno económico internacional favorable ni por mágicos tecnócratas sino con un país que, ahora sí, podía presentar la cara al mundo como uno con reglas que se respetarían, sin “asesores” todopoderosos operando para el mejor postor, con instituciones respetables y sin asesinos organizados o tolerados desde la cabeza del Estado.