23 de octubre, 2012.- Julio César Arana es, para muchos peruanos, un patriota, pionero del progreso. El que ensanchó el territorio de ese país por la Amazonia y llevó prosperidad a regiones que hace un siglo estaban perdidas en el mapa. Por eso hay calles que llevan su nombre. Como en Yurimaguas e Iquitos. Arana supo hacerse de una enorme fortuna fincada en la explotación del caucho a través de la que se conoció como Casa Arana. Fue también senador y muy apreciado por la sociedad de Iquitos. Sin embargo, es responsable de que murieran miles de indígenas. Es un criminal.

El joven que en 1880 llegó a Iquitos vendiendo sombreros, levantó en apenas dos décadas un imperio en torno a la explotación del caucho, tarea en la cual contó con el apoyo de otros dedicados a ese misma actividad en el inmenso territorio amazónico peruano-colombiano-brasileño.

Concretamente en el Putumayo y el Caquetá, entonces regiones sin ley alguna. Gracias a ello dispuso de mano de obra barata, desprotegida: la indígena. Y repitió el modelo que otras empresas (la Suárez, Fitzcarraldo, Calderón y Vaca Díez) habían puesto en práctica: esclavizarlos.

En las redes de enganche de los capataces cayeron miles de huitotos, andoques, boras y nonuyas. Los obligaron a extraer la goma, transportarla hasta los campamentos y desarrollar otros agotadores trabajos en la selva.

Ellos por siglos habían vivido de la caza, la pesca y la recolección, que les fueron prohibidas. Cuando Colombia disputó esa parte del territorio amazónico a Perú, Arana unió su negocio a intereses británicos para protegerse de cualquier fallo internacional en contra. De todas formas, su imperio se derrumbó en 1929, después de costarle la vida a cerca de 80 mil indígenas.

Era tradición en varios países de América Latina aprovechar la conmemoración del encuentro de Cristóbal Colón con el nuevo continente para colmar de elogios a los conquistadores por todo el bien que trajeron. Cero o muy pocas referencias a su crueldad, a las enfermedades que diezmaron a los antiguos pobladores, a la forma en que se les impuso la “civilización cristiana”. En España es el gran día, la fiesta nacional y se celebra con toda pompa.

Pero el pasado 12 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos lo aprovechó para pedir públicamente perdón en nombre del Estado colombiano a la etnia huitoto por no evitar “la barbarie desatada por la codicia que generó la bonanza cauchera”. Por permitir la muerte de miles de indígenas “en nombre de una empresa, un gobierno y un falso progreso que no entendió la importancia de salvaguardar a cada persona y a cada cultura indígena como parte imprescindible de la sociedad que hoy reconocemos con orgullo como multiétnica y pluricultural”.

Santos mencionó a otros pueblos víctimas de esa esclavitud: Bora, Muinare, Andique, Okaina, Nonuya, Yukuna, Matapí, Miraña. Reconoció su sabiduría ancestral y la necesidad de incrementar su participación en las decisiones que los afecten. Lo que fue la sede del imperio Arana es hoy la Casa del Conocimiento, un “monumento a la vida”. En Colombia existen 102 pueblos indígenas, con cerca de 1.3 millones de personas.

La necesidad de que los indígenas colombianos sean tomados en cuenta en asuntos que son de su interés se pone a prueba ahora, pues una etnia, la de los nasas, se opone a la explotación minera en sus territorios ancestrales, al sur de Colombia. Los nasas se enteraron de que donde viven hay oro y otros metales cuando llegaron las excavadoras y los obreros que las manejan con el fin de extraer esa riqueza. De buena manera les pidieron que se retiraran. No lo hicieron y los indígenas prendieron fuego a la maquinaria y desalojaron a los 150 buscadores de oro. Ninguno ha intentado regresar.

Pero las tierras donde viven los nasas están en la lista de pedidos para extraer metales preciosos. Como con el caucho hace un siglo, los indígenas colombianos y los de México, Perú y Ecuador, saben que la minería les trae miseria, descomposición social, daños ambientales sin cuento. Por eso no quieren en su territorios a las empresas mineras. Los nasas afirman que el día en que quieran ser mineros será bajo su control y su trabajo. En esto, el presidente Santos debe cumplir su promesa.