Lo viviremos y lo sufriremos, en particular las poblaciones. Que en el Perú y en este caso en Cajamarca la minería tiene grandes anticuerpos, muy justificados, es una verdad largamente conocida. Sin embargo, en gobiernos anteriores (el de Ollanta Humala no fue precavido) el sector Energía y Minas fue incompetente para aplicar un programa serio y científico, que entienda el problema social, político, económico y cultural de la minería, de la total desconfianza en el Estado y en los gobiernos; que comprenda el valor del apego a la tierra por parte de las comunidades, el valor (casi sagrado) del agua; que ubique y neutralice a los infiltrados y a los antimineros grandes manipuladores de la opinión comunal, del resentimiento ancestral de los pobladores de las zonas en contra de la minería.

Los gobiernos, no supieron, por incompetencia profesional, desarrollar el mapa político, económico, social y cultural de Cajamarca, para actuar con liderazgo y con éxito, logrando la confianza de las poblaciones.

Tampoco sinceraron el mapa de incumplimientos empresariales y del propio Estado respecto de pactos y convenios mineros y de desarrollo local. No fueron firmes con las empresas mineras (grandes responsables) permitiendo abusos y atropellos en contra de la salud y la calidad de vida de las poblaciones, ante la indiferencia “limeña” en el poder. Recién ahora, que se han convencido de que no se puede hacer minería sucia y engañosa, es que se allanan a respetar los derechos ajenos.

Hasta ahora no se acepta que el problema radica en que las poblaciones no le creen al Estado, ni a los gobiernos, ni a las mineras, ni a los profesionales que hacen los estudios de “impacto ambiental”: “Si tantas veces me has engañado, por qué te voy a creer ahora?”, afirman. Y lo más irónico es que ahora hay dinero y disposición para hacer minería limpia. Sin duda, habrá que pagar el costo de la desconfianza y el precio de la credibilidad.

No fueron capaces de distinguir entre los que sí quieren Conga y la minería y favorecerlos porque se necesita de la actividad minera, y los que por razones ideológicas y de intereses políticos personalistas y manipuladores, se oponen a todo y dicen dialogar pero sobre la base de que “¡Conga no va!”. Además el Estado-gobierno se pone en una posición absurda y equivocada, en frente de los que no quieren Conga, en lugar de ubicarse en una posición de la nueva política nacional de la minería limpia.

Finalmente, no fueron capaces de enfocar, “aterrizar” y difundir con eficacia los beneficios que la mina Conga traería: cuatro veces y más de agua, 6.000 empleos, desarrollo del agro, los comercios, la ganadería, etc. Si algo tiene que demostrar el grupo inversor (y también el Estado), es, justamente, los importantes beneficios que el desarrollo de la mina aportaría al país y en la localidad.

El nombre de “impacto ambiental” suena a daño, a que malogrará la tierra, el agua, el ambiente, etc. Debería ser: “Estudio de Impacto Ambiental y Beneficios de la Mina Conga para el Desarrollo de Cajamarca”. Igualmente, creemos (ver Michael Porter) que el concepto de “responsabilidad social de la empresa”, es ya un tanto obsoleto y contradictorio. Las empresas (en este caso mineras) deben entender que el desarrollo social hoy en día tiene un gran valor económico, porque la solidez de la empresa depende en buena medida de la salud de las instituciones de la región y la localidad. Esta será su mejor estrategia, con un sentido eficaz y sincero del bienestar social.

Conclusiones: a) Si en el Ministerio de Energía y Minas se aplicara una gestión moderna de recursos humanos y del desempeño laboral comenzando por directivos, jefes y expertos, jamás hubieran cometido los errores y omisiones y enfoques equivocados en el caso Conga. b) Si tanto el Estado (gobierno) como la empresa Conga hubieran aplicado el esquema moderno de “la mesa de ocho patas” (está en edición un libro al respecto) no estarían pasando por lo que ocurre ahora, y tendríamos una posición favorable. c) El mal trabajo es el problema central del Estado peruano.