Las organizaciones indígenas, agrupadas en Aidesep, y la Coordinadora de Derechos Humanos solicitaron la modificación del artículo 7 de la ley de consulta previa en que se establecen los criterios para definir quiénes serán considerados pueblos indígenas. Según los dirigentes, estas pautas dejarían fuera del proceso a muchos pueblos que con los años perdieron su lengua o su territorio.

Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), consideró la aprobación de la ley de consulta previa un avance en la integración de los pueblos indígenas, pero sostuvo que el reglamento la ha desvirtuado, pues no respeta lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. “Luego del reglamento, que fue aprobado sin el consentimiento de las organizaciones indígenas, la ley se ha convertido en un instrumento en beneficio de las empresas y deja de lado el interés de los pueblos originarios de este país”, argumentó Pizango.

Durante la presentación, ayer en Lima, del VI Informe Alternativo sobre el Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, los dirigentes indígenas insistieron en el pedido de inconstitucionalidad de la ley de consulta aprobada por el Gobierno el año pasado.

El principal reclamo de los dirigentes de los pueblos indígenas es la falta de transparencia del Ejecutivo para discutir sobre la explotación minera y de hidrocarburos en territorios indígenas.

“Nosotros no queremos que nos impongan un modelo de desarrollo, deben respetar nuestra forma de vivir en armonía con la naturaleza”, manifestó Elí Pangoa, comunero shawi. El joven líder contó el conflicto que tuvieron con la empresa Ecoamérica, que inscribió como terreno suyo una propiedad comunal shawi. Al final el trámite fue desestimado, pero sin títulos la amenaza subsiste para el territorio comunal.