Servindi, 19 de agosto, 2012.- Una amplia coalición de organizaciones indígenas y asociaciones civiles demandaron hoyque el gobierno realice cambios urgentes en la legislación ambiental para lo cual propusieron diversas medidas.

Mediante un pronunciamiento público lamentan que la Comisión Multisectorial encargada de proponer normativas y políticas nacionales que mejoren las condiciones ambientales y sociales en que operan las industrias extractivas haya culminado su plazo sin hacer visible ninguna iniciativa.

La citada comisión fue creada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y debía hacer públicas sus recomendaciones a inicios de agosto, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha, “evidenciándose en el Gobierno poco interés real en el tema”.

El colectivo de instituciones propone crear una autoridad autónoma que promueva, impulse, diseñe e implemente el ordenamiento territorial nacional, “desde un enfoque intercultural” y “en consulta con los pueblos indígenas cuando así corresponda” para “definir donde se harán y dónde no actividades extractivas”.

También se propone promover un modelo de gobernanza de las inversiones en el territorio nacional que defina un mejor esquema de otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ya se trate de concesiones, licencias, permisos, contratos o autorizaciones.

Otra propuesta es mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones a través de las correcciones y cambios necesarios en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), “estableciendo su carácter previo al otorgamiento de derechos, así como definitorio de la factibilidad de los proyectos”.

Además, se demanda generar y mantener la confianza en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental de las inversiones mediante la creación de una entidad autónoma que sea parte del Ministerio del Ambiente y certifique y apruebe los EIA de megaproyectos.

Respesto a la consulta previa se peticiona reformular el marco legal sobre consulta previa en el proceso de otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, adecuando la legislación sectorizada y ambiental al Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, se pied invertir en mejorar los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso de inversiones, “especialmente para integrar la fiscalización ambiental realizada por el Estado con la vigilanca ciudadana o monitoreo ambiental que realizan los pueblos indígenas o población local”.

A continuación el texto completo del pronunciamiento y la lista de instituciones que lo suscriben:

Después de 20 años de una legislación ambiental sectorizada para las inversiones económicas en el país, que ha presentado graves deficiencias en la evaluación y fiscalización ambiental, y ante la perdida de confianza de los ciudadanos así como por la opinión de expertos, de organizaciones de sociedad civil, de la academia, de organizaciones y de movimientos sociales que la cuestionan, se hace imperiosa la reforma de nuestra legislación ambiental.

Esta reforma debe pasar necesariamente por mejorar la gestión socioambiental del país, poner en orden el territorio nacional, respetar los derechos de los pueblos indígenas, de la población local, y de otros actores, fortalecer la presencia estatal en el modelo de desarrollo económico; así como encontrar soluciones permanentes y dialogadas a largo plazo para los conflictos socioambientales.

Muchos de los actuales conflictos no podrán solucionarse si no se encuentran y se realizan cambios a largo plazo en la política ambiental, que coadyuven, en el futuro, a la solución de otros problemas similares en todo el territorio nacional.

En razón de ello, entendemos, el Gobierno Nacional señaló que generaría nuevas reglas para la minería, creando para ello la Comisión Multisectorial (RS 189-2012-PCM) encargada de elaborar propuestas normativas y políticas nacionales orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las relacionadas a las industrias extractivas.

Esta comisión debería haber presentado sus recomendaciones para mejorar el marco legal actual a inicios de agosto, desafortunadamente, hasta la fecha, esto no ha ocurrido, evidenciándose en el Gobierno poco interés real en el tema. Asimismo, lamentamos que dicha Comisión, no haya convocado a un debate público, ni haya solicitado aportes desde la sociedad civil y población en general, para ser considerados en la elaboración de dichas recomendaciones.

Preocupados por esta situación, las distintas organizaciones de la sociedad civil demandamos que el Estado Peruano reforme el marco legal ambiental de la siguiente manera:

1. Impulsar el Ordenamiento Territorial a nivel nacional, con la creación de una autoridad autónoma cuya función será promover, impulsar, diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial, desde un enfoque intercultural y respetando la pluralidad de visiones, de género, de manera participativa, en consulta con los pueblos indígenas cuando así corresponda, conjuntamente con los Gobiernos Regionales y Locales, para definir donde se harán y dónde no actividades extractivas;

2. Promover un modelo de gobernanza de las inversiones en el territorio nacional que defina un mejor esquema de otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (concesiones, licencias, permisos, contratos, autorizaciones), mediante mecanismos de participación en la decisión de otorgamiento de derechos con la población local posiblemente afectada, gobiernos regionales y locales;

3. Mejorar la gestión ambiental y social de las inversiones del país, a través de las correcciones y cambios necesarios en el proceso de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo su carácter previo al otorgamiento de derechos, así como definitorio de la factibilidad de los proyectos. De igual modo, exigencias más claras y que permitan internalizar correctamente los costos ambientales y sociales de las inversiones públicas y privadas en el país.

4. Generar y mantener la confianza en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de las inversiones mediante la creación de una entidad autónoma que certifique y apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de megaproyectos y que ésta sea parte del Ministerio del Ambiente.

5. Reformular el marco legal sobre consulta previa en el proceso de otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, adecuando la legislación sectorizada y ambiental al Convenio 169. Asimismo, se debe invertir en mejorar los mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso de inversiones, especialmente para integrar la fiscalización ambiental realizada por el Estado con la vigilanca ciudadana o monitoreo ambiental que realizan los pueblos indígenas o población local.

En ese sentido, resulta necesario que prontamente este Gobierno de una clara señal de su compromiso con el desarrollo sostenible en el país, pues los actuales conflictos socioambientales así lo demandan.