Hay cinco nuevos conflictos sociales en junio, dice la Defensoría del Pueblo en su página web (aún no aparece informe de julio). Hay en total, a junio: 247 conflictos, de los cuales 150 son socioambientales.

(Áncash: 29. Puno: 22. Cusco: 15. Cajamarca: 15. Lima provincias:15. Loreto: 10). De los 247, se encuentran activos 169 y latentes 78. En proceso de diálogo están 77 (48 surgieron después de algún hecho de violencia). Episodios de violencia: 105. Acciones colectivas de protesta: 93. Según el Instituto de Bien Común, hasta el 2011 un 60% de la amazonía peruana estaba concesionada para actividades extractivas de hidrocarburos. Doce lotes, incluso, superpuestos a áreas protegidas reconocidas por el Estado. Según el décimo informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, hay en todo el territorio 25 millones de hectáreas concesionadas para minería. Sabemos que la minería representa el 60% de las exportaciones y que es el mayor contribuyente, pero los conflictos sociales medioambientales no solo generan pérdidas económicas inmediatas para la zona en conflicto y el país sino que ahuyentan la inversión futura y distraen al gobierno de la agenda nacional de desarrollo. Cuando el gobierno hace de bombero, nos sale caro a todos. La solución no está en instalar bases militares en cada zona de conflicto, arrestar a los líderes opositores y llamar radicales o terroristas a quienes defienden un modo de vida que no confían en cambiar por la palabra de un Estado que a través del tiempo ha oscilado entre la ausencia y el velar más por el dinero y la empresa que por la gente. Pero ¿existe alguna manera inteligente de “gerenciar” estas debilidades desde el Estado y convertirlas en fortalezas? Por supuesto, pero suponen un cambio que parece nimio y, sin embargo, tendría un impacto devastador en las redes corruptas, mercenarias y depredadoras que a lo largo de nuestra historia han dominado en el negocio de actividades extractivas (petróleo, gas, minerales, pesca, etc.). ¿Cuál es esa Gran Transformación verde que podría cambiar nuestra historia? Son 20 propuestas normativas evacuadas por la Comisión Multisectorial (Minam, Midis, Minag, MEF, MEM, Cultura, Minsa y Producción) que se formó a pedido del presidente Humala. Las más sensibles para los dueños de los faenones: a) La creación del Instituto de Certificación Ambiental: órgano adscrito al Minam que revisaría los EIA (que hoy son autorizados por el Ministerio de Energía. No en vano, uno de sus mayores opositores con el MEF). b) La creación de una instancia centralizadora del universo de información ambiental desperdigada en tantos ministerios, que tenga la autonomía para actuar con información oportuna y útil antes y durante alguna crisis. c) Una instancia que realice el Ordenamiento Territorial que determine, por ejemplo, dónde se puede y dónde no realizar actividad extractiva. Queda claro por qué hasta el día de hoy y pese a tener más de un mes estas propuestas, que fortalecerían la gestión y fiscalización ambiental, y cambiarían la forma en que se manejan los temas extractivos, aún no se han aprobado. Quizás el nuevo sistema demore y hasta reduzca en algo las inversiones, pero estarán bien hechas, darán estabilidad y confianza al inversionista, réditos asegurados al país y tranquilidad social y ambiental a la gente. Todas cosas que hoy no tenemos y que nos cuesta A TODOS ir como el cangrejo.