Servindi, 17 de agosto, 2012.- Durante las celebraciones por la sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al pueblo Sarayaku de Ecuador, organizaciones indígenas se declararon en “máxima emergencia” y denunciaron la realización de una desvirtuada consulta previa en la licitación de lotes petroleros.

El pronunciamiento fue suscrito el 12 de agosto por el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, y diversas organizaciones indígenas ecuatorianas, entre ellas, la Confederación Kichwa de Ecuador (ECUARUNARI) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

También, fue suscrito por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y las comunidades de la Cuenca del Bobonaza.

En el documento, los firmantes rechazan la consulta que pretende hacer el Gobierno de Ecuador en la XI Ronda de Licitaciones Petroleras, la cual pretende licitar en octubre de 2012 lotes del sur ecuatoriano para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Las organizaciones calificaron de “ilegítimo” al decreto presidencial 1247 de 19 de julio de 2012, el cual, afirmaron, “pretende suprimir la consulta con un simple trámite de socialización o información, desconociendo así la sentencia de la Corte IDH en el Caso Sarayaku”.

Los suscritos declararon el estado de “máxima emergencia y alerta” a “todos los territorios pueblos y nacionalidades indígenas de las provincia de Napo, Pastaza y Morona Santiago donde se quiere aplicar la XI ronda de licitación petrolera”.

El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, la CONAIE, CONFENIAE, ECUARUNARI, NAE, FENASH-P, NASE y los pueblos y comunidades de la Cuenca del Bobonaza (PAKAYAKU, TERESA MAMA y BOVERAS) el 12 de agosto de 2012, en el acto de celebración de la sentencia, en la casa de la asamblea del pueblo de Sarayaku manifiestan lo siguiente:

Nosotros las autoridades legítimas, gobernantes en nuestros territorios, reafirmamos el pleno ejercicio de los derechos colectivos constitucionales que garantizan la continuidad de nuestra identidad y los espacios de vida territorial de la Selva Viviente.

Las acciones y proyectos industriales impulsados por el Régimen de Estado actual violan sistemáticamente la vida y derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas conduciéndonos al ecocidio y genocidio.

La decisión unilateral del Estado en permitir la explotación de empresas petroleras y mineras, incumple lo establecido en la constitución referente a la consulta previa, libre e informada. La ampliación del bloque 10 de la compañía AGIP afecta a los territorios de las nacionalidades Kichwa, Achuar, Sápara y Shuar de la provincia de Pastaza. En la Amazonía, rechazamos rotundamente cualquier actividad de la empresa AGIP en nuestros territorios.

Denunciamos la intromisión ilegal de la Subsecretaría de Hidrocarburos en el territorio de la Nación Sápara y de otras nacionalidades de Pastaza, Napo y Morona Santiago al querer imponer el ilegítimo decreto presidencial 1247 del 19 de julio 2012, el cual pretende suprimir la consulta con un simple trámite de socialización o información, desconociendo así la sentencia de la Corte IDH en el Caso Sarayaku.

Declaramos en estado de máxima emergencia y alerta a todos los territorios pueblos y nacionalidades indígenas de las provincia de Napo, Pastaza y Morona Santiago donde se quiere aplicar la XI ronda de licitación petrolera.

Nos mantendremos firmes y aplicaremos nuestras normas, estatutos y códigos a quienes pretendan invadir nuestros territorios.

El Pueblo de Sarayaku y las nacionalidades hemos gestionado y administrado milenariamente nuestros territorios, fortaleciendo paso a paso nuestros sistemas socio-organizativos basados en nuestros conocimientos y prácticas ancestrales de la verdadera Vida en Armonía y Selva Viviente (KAWSAK SACHA, IWAKU IKIAM, KAMPUTIN IWIAKU, NAKU IKICHAKA en lengua Kichwa, Shuar, Achuar, Sápara). Por lo tanto, rechazamos firmemente todas las acusaciones del Presidente Rafael Correa, relacionado con supuestas manipulaciones de ONGs.

Consideramos que estas declaraciones son racistas y tienden a desinformar a la población ecuatoriana y a la ciudanía en general, deslegitimando nuestros procesos de denuncia ante organismos internacionales que han considerado que en Ecuador se ha violado los derechos del pueblo de Sarayaku.