El mensaje del 28 de julio puso al país a debatir temas capitales como educación, salud y seguridad, pero, sorprendentemente, la protección del ambiente quedó relegada.

Este perfil bajo sorprende en una coyuntura como la actual, en la que varios conflictos sociales que están frenando la inversión, y que se han convertido en el principal escollo del gobierno, se explican, en parte, por problemas derivados de la relación del uso de los recursos naturales con el ambiente y con la gente.

En adición, el tema no debiera haber pasado inadvertido debido a que, en la tarde del sábado 23 de junio, en pleno partido de fútbol de la Eurocopa, el presidente Ollanta Humala irrumpió con un mensaje que enfatizó que el requisito crucial del proyecto de Conga es que garantice los recursos hídricos para atender las necesidades de Cajamarca.

En esa oportunidad el presidente también anunció la creación de una comisión multisectorial que, en treinta días, entregaría “la propuesta de normas para avanzar en el camino del desarrollo sostenible”. El grupo de trabajo sería liderado por la PCM y la secretaría técnica estaría a cargo del Ministerio del Ambiente.

Pero cincuenta días después aún no pasa nada. Esto no obedece a que no se haya trabajado, pues la comisión ha planteado veinte normas para mejorar las condiciones ambientales y sociales en las que se desarrollan las actividades extractivas.

Ha trascendido que estas propuestas buscarían, entre otras cosas, crear un instituto de certificación ambiental para la evaluación del impacto ambiental de cualquier proyecto de inversión, público, privado, de alcance nacional o multirregional. Una instancia similar sería la responsable de integrar la información ambiental actualmente disponible. Finalmente, se intentaría mejorar las herramientas de gestión territorial actualmente disponibles.

La puesta en marcha de este paquete implicaría, según especialistas consultados por este columnista, un verdadero cambio de rumbo del país en materia ambiental.

Sin embargo, su aprobación en el gabinete está entrampada por la oposición de los sectores ligados a la actividad productiva, pues creen que les haría perder poder –lo cual es cierto– y que pondría en riesgo las inversiones, lo cual es falso.

El crecimiento económico peruano del último par de décadas ha descuidado al ambiente. Eso debe cambiar y este paquete normativo apunta en esa dirección.

Ya es hora de que el presidente Ollanta Humala decida dónde están sus prioridades y las de su gobierno en materia ambiental.