La República, 02 de agosto, 2012.- A las 2 de la tarde de ayer, la señora Doris Sandoval Morán ingresaba de emergencia en la Clínica San Pablo con el mismo cuadro clínico que comparten los más de un centenar de afectados tras la rotura de una válvula del mineroducto de Antamina, a su paso por la pequeña comunidad de Santa Rosa, en Áncash.

Fuertes dolores de cabeza, mareo, náuseas, ojos irritados, sangrado nasal y miedo, mucho miedo, son los síntomas que comparten los 105 pobladores atendidos según Antamina tras el accidente, de los cuales 18 fueron ingresados en la clínica privada de la ciudad de Huaraz.

Sin embargo, las cifras de afectados todavía son provisionales ya que el goteo de pacientes no cesa a pesar de cumplirse ya una semana del accidente. Además, la mina, la Diresa e instituciones como la Defensoría del Pueblo manejan cifras dispares.

La pequeña Angy Paola Trinidad Morales (2 años) ingresó a la clínica San Pablo este martes con fiebre, dolor de cabeza y ojos irritados. Angy y su mamá, Maribel Morales, no se encontraban en Santa Rosa en el momento de la explosión de la válvula.

Se intoxicaron después de asistir a una asamblea comunitaria que, incomprensiblemente, tuvo lugar el jueves pasado junto a las instalaciones siniestradas. “En Santa Rosa nos seguimos contaminando”, declara Maribel.

El director de la clínica, el Dr. Raúl Guisse Magallanes, informó a La República que continúan ingresadas 10 personas, 8 de las cuales son niños con edades entre los dos y los 12 años de edad.

El doctor explicó que los intoxicados reciben suero, paracetamol y medicamentos paliativos hasta que se conozcan los resultados de los análisis de sangre encargados a un laboratorio privado, que serán públicos “el viernes o el lunes, a más tardar”. Coincide con Antamina en afirmar que el riesgo para la salud es bajo, pero prefiere no pronunciarse sobre efectos a mediano o largo plazo.

En observación

El tratamiento de los afectados y la estadía de sus familiares en Huaraz es financiado por Antamina. Los ingresados permanecen 72 horas en la clínica y después son dados de alta, pero permanecen en observación.

En un conocido hotel de Huaraz se alojan 24 pacientes de Santa Rosa, que deben seguir pasando consulta. Ludmila Ribera (28) y sus hijos Johan (1 año) y Joselyn (7) están en el hotel en espera de los resultados de sus análisis.

Ludmila manifiesta que continúa sufriendo fuertes dolores de cabeza. “Nos ponen calmantes pero el dolor vuelve”, cuenta a La República. Ella y sus hijos se intoxicaron dentro de su vivienda, situada a 100 metros de la válvula siniestrada.

“Las consecuencias para la salud del accidente son un asunto de interés público, muy delicado y muy grave”, opinó en entrevista con La República la representante de la Defensoría del Pueblo en Huaraz, Editha Rodríguez Arteaga.

La defensora opina que no hay que sobredimensionar los hechos, pero sí brindar la información oportuna a la población y a las autoridades de salud.

Mariela Rodríguez considera importante que se hagan públicos cuanto antes los análisis realizados a los afectados en la clínica de San Pablo, aunque también que Censopas (Centro Nacional de Salud Ocupación y Protección del Ambiente para la Salud) realice estudios paralelos y exija a Antamina una ficha de seguridad química del vertido que detalle sus componentes.

La funcionaria considera muy positivo el acuerdo del pasado lunes 30 de la mina con la población para que la posta de Santa Rosa cuente con dos internistas, un pediatra y un toxicólogo de forma continuada para atender a los pobladores en el mediano plazo.

Frente a la dificultad de hallar especialistas en toxicología, Antonio Cornejo, director de la Asociación Áncash de Antamina aseguró a La República que la empresa conseguirá un toxicólogo: “Si hay que buscarlo en el extranjero, lo haremos”.

“Falló el plan de comunicación de crisis de la Minera Antamina”

Para el gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Áncash, Enrick Mautino Minaya, la minera “trató en un principio de minimizar la situación”.

El funcionario considera que el “plan de comunicación de crisis de Antamina falló”, ya que el gobierno regional no supo del accidente a través de la mina, sino por llamada de los pobladores.

El gobierno regional considera que la compañía debe capacitar a los pobladores afectados y pide que se les repartan mascarillas especiales y guantes.

Hoy funcionarios del gobierno regional, defensoría y de la minera acudirán a la zona de desastre para realizar una asamblea con pobladores y escuchar sus demandas.