IPS, 5 de julio, 2012.- En menos de dos días, cinco manifestantes murieron baleados por fuerzas de seguridad en la norteña región peruana de Cajamarca, donde se declaró el estado de emergencia. Ya son 15 los fallecidos y 430 los heridos en protestas sociales en casi un año de gobierno de Ollanta Humala.

Las autoridades del área de salud del departamento de Cajamarca detallaron a IPS que fueron heridos 27 pobladores y cuatro policías en enfrentamientos ocurridos el martes 3 en el distrito de Celendín, y otros 13 civiles el miércoles 4 en Bambamarca.

El gobierno volvió a instaurar, después de seis meses, el estado de emergencia en esa zona, donde se concentraron las protestas de vecinos, principalmente campesinos, contra el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha-Newmont, de capitales transnacionales.

Pero el reclamo de la población no es reciente. Protestas realizadas en diciembre llevaron a un cambio de las autoridades ministeriales y a la realización de un peritaje internacional de impacto ambiental en Conga, que no logró satisfacer a los opositores del proyecto.

“Casi todos los civiles heridos en estos enfrentamientos presentan impactos de bala, en cambio los policías solo presentan contusiones y otros daños menores”, aseguró a IPS el director regional de Salud de Cajamarca, Reinaldo Núñez Campos, tras confirmar la muerte a las 06:45 de la madrugada de este jueves 5 de José Antonio Sánchez, de 29 años, llegando así a las cinco víctimas.

Sánchez había participado el martes en una manifestación que fue reprimida por efectivos policiales y del ejército, convocada en rechazo de Conga y contra la gestión del alcalde Mauro Arteaga, del distrito de Celendín, ubicado a unas tres horas en automóvil de la ciudad de Cajamarca, capital del departamento homónimo.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente Humala seguía en silencio. Solo su primer ministro, Óscar Valdés, habló escuetamente del tema en una conferencia de prensa en la sede del gobierno el miércoles 4 por la noche, mientras el ministro de Justicia, Juan Jiménez, pidió a los líderes sociales regionales “guardar la calma”.

Roque Benavides, presidente de la firma minera Buenaventura, accionista de Yanacocha, aseguró que continuará la construcción de los depósitos de agua exigidos por el gobierno, pese a las protestas.

Violencia policial, denuncia internacional

Hasta el miércoles, la Defensoría del Pueblo registró más de 20 detenidos, entre ellos el líder ambientalista Marco Arana, quien fue llevado por policías a golpes a la comisaría de la ciudad de Cajamarca.

Arana, según muestra un vídeo del Canal 45 de televisión de Cajamarca, fue detenido cuando estaba sentado en una banca de la Plaza de Armas de esta ciudad. A los pocos minutos, Arana publicó en su cuenta de Twitter que había sido golpeado. Lo mismo aseguró a IPS su abogada, Mirtha Vásquez.

“Lo llevaron a un cuarto de la comisaría y unos tres policías le pegaron con sus bastones durante unos 20 minutos. ‘Esto va por ser ‘terruco’ (terrorista)”, le gritaban. Después ya lo trasladaron a otra oficina. Eso me contó él, pero además yo he visto que tiene golpes en la cara”, narró Vásquez.

Arana, un sacerdote católico suspendido en sus funciones y creador del Movimiento Tierra y Libertad, fue dejado en libertad en la madrugada de este jueves, al igual que ocho jóvenes también manifestantes.

“Para que la violencia pare, debe parar la brutalidad policial, los trabajos de Conga y aquellas prácticas de la ciudadanía que puedan generar más situaciones de violencia”, dijo el ambientalista en conferencia de prensa tras pasar 12 horas tras las rejas.

Agregó que “el gobierno se equivoca si piensa que con balas, torturas o golpizas va doblegar los justos pedidos de Cajamarca. No queremos más Yanacocha”, sostuvo.

La abogada de Arana presentará una denuncia contra los efectivos y un informe de lo sucedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo del sistema de la Organización de los Estados Americanos que en 2008 ordenó al Estado peruano otorgar medidas cautelares a favor de Arana y la propia Vásquez para evitar cualquier agresión por el espionaje de que eran víctimas.

Furia en Celendín

Mientras la población de Cajamarca se divide y dirigentes opositores tratan de eludir el estado de emergencia, en la cercana Celendín cunde el temor a más represión y la desconfianza crece sobre los medios de comunicación.

“Evito dar mi testimonio porque la prensa de Lima tergiversa la información. Yo no puedo enfrentarme con el pueblo”, dijo a IPS el presidente de la Federación de Periodistas de Celendín, Elí Guerrero.

IPS también habló con varios vecinos opositores al proyecto minero en ese distrito y en todos los casos pidieron que su nombre se mantuviera en reserva.

Versiones periodísticas indican que los manifestantes causaron destrozos e incluso quemaron parte de las instalaciones de la municipalidad de Celendín, acusando de “traidor” al alcalde Arteaga.

La violencia se habría desatado a raíz de las acusaciones hechas por Arteaga contra quienes protestan por el proyecto.

“Son grupos pequeños de extremistas que piensan que a la fuerza van obligar a las autoridades y a la sociedad civil a pensar igual que ellos (.). No creo que se tenga que obligar a alguien con una pistola a que piense igual”, señaló el 28 de junio en el programa de televisión La Hora N.

Para el martes 3, la consigna era endurecer la protesta. Fue así que los manifestantes ingresaron a la municipalidad y causaron destrozos varios. “Había pocos policías y ante el descontrol entró el ejército, que estaba esperando”, describió un vecino.

“Se escucharon balas, luego llegaron dos helicópteros y se escucharon más balas”, dijo otra mujer. Los enfrentamientos se prologaron hasta tarde.

Ante ello, Arteaga se llamó a silencio. “No queremos que los ánimos se exacerben. Solo con dar una pequeña entrevista, se ha generado esta reacción”, dijo a IPS el jefe de relaciones públicas de la municipalidad de Celendín, Richard Díaz, quien estuvo en el edificio durante los incidentes.

Una gran sordera

“Estamos ante un problema muy serio, un uso excesivo de la fuerza, de falta de preparación de la policía y una ausencia de estrategia para prevenir los conflictos”, dijo a IPS el secretario adjunto para prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.

El funcionario informó que desde enero de 2006 hasta la fecha murieron 211 personas y más de 2.700 fueron heridas en conflictos sociales.

“El trabajo de la Defensoría se torna cada vez más difícil porque hay una especie de sordera frente a las recomendaciones permanentes que se hacen”, agregó.

Aseguró que se investigará la forma en que se produjeron las detenciones. El estado de emergencia no puede servir “como una arma blanca para que las fuerzas del orden puedan hacer lo que quieran”, puntualizó.