Por Juan de la Puente
No creo que el problema determinante del proceso político sea la polarización sino los conflictos sociales; el encono social es solo una expresión de su existencia y de su condición de demandas persistentes por irresueltas. La relación entre el conflicto y polarización es directa y determinante: de los 245 conflictos registrados por la Defensoría, 173 explotaron de distinta forma haciéndose “activos”; antes fueron “latentes”, rubro ahora minoritario, solo 72. Luego, el país no deja de tener diálogo, porque 76 conflictos tienen instaladas “mesas de diálogo”, solo que el diálogo es nada fecundo: la capacidad estatal de resolver los reclamos es muy limitada: en los primeros 5 meses del año se resolvieron 10 conflictos (1 en mayo, 2 en abril, 1 en marzo, 4 en febrero y 2 en enero). De este resultado es un exceso echarle la culpa a la Unidad de Conflictos del gobierno.
El malestar peruano tiene un componente ideológico y político, donde actúan los inductores de la polarización. Sin embargo, también es estructural, de lo que dan cuenta los estudios que detectan brechas y déficit en la capacidad arbitral y reguladora del Estado, taponeada por el establishment. Así, el desafío de esta hora, sin caer en el juego de los poderes fácticos de si se gobierna para el tercio reclamón o para la mayoría satisfecha, es enfrentar al mismo tiempo la polarización y el conflicto y no solo lo primero.
No veo que el Estado se disponga a asumir este desafío, sea porque el gobierno ha empezado a privilegiar la fuerza, porque el Congreso carece de fuerza para hacer lo suyo o porque una voz potente desde la sociedad, con los medios en la primera línea de batalla, ejerce un veto contra el cambio. Por eso, el juego en corto aunque con buenas formas es peligroso: un acta por aquí y otra por allá; una mesa de diálogo acá y otra acullá; un Estado de Emergencia ahora y otro más tarde. Contrariamente a lo que se calla o niega, la única salida es asumir que, en la cuota necesaria, las promesas deben ser honradas y que es imprescindible que el Estado mejore su capacidad resolutiva de los conflictos, superando el veto social contra el cambio.
Fuente: La República