Servindi, 7 de junio, 2012.- El 5 de junio de 2009 una protesta indígena que reclamaba la derogación de decretos de urgencia que los afectaban y que no fueron consultados, fue sofocada con violencia y negligencia por el gobierno de Alan García. El saldo del desalojo en Bagua fue de 33 personas muertas y una desaparecida, entre civiles y policías. ¿Qué lecciones y mecanismos de diálogo han aprendido nuestras autoridades desde aquella fatídica fecha?

Luego del “Baguazo”, el reclamo popular era el de la aprobación de la Ley de Consulta Previa para los pueblos indígenas con el fin de prevenir posibles conflictos y para que los nativos del país pudieran participar de las decisiones que los afectasen directamente.

El gobierno de Alan García se mantuvo ciego a los pedidos de las comunidades y, fiel a su política del “perro del hortelano”, terminaba su periodo en julio de 2011. Humala ganó las elecciones con el apoyo mayoritario del sector rural e indígena y una de sus primeras decisiones más aplaudidas fue la aprobación de la Ley de Consulta Previa. En acto simbólico realizado en la provincia de Bagua, Humala firmó la ley en setiembre de 2011.

Si bien la Ley de Consulta Previa presentaba deficiencias y no era del total apoyo del sector indígena, hubo consenso en que se trataba de una norma importante y positiva, cuyas limitaciones podrían corregirse y superarse con las precisiones de su reglamento.

Sin embargo, la reglamentación de la Ley de Consulta tuvo serias deficiencias y el texto final fue manipulado por el Ejecutivo que introdujo cambios sin ninguna aprobación ni consulta de las organizaciones indígenas.

De esta manera, se vulneró tanto la ley cuanto el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la luz de las cuales debía elaborarse el reglamento, incluido además la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así lo ha sustentado el informe técnico elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (1).

Ampliando los alcances del reglamento, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, informó en mayo último que cada sector estatal decidirá el momento en que deba consultar a los pueblos indígenas, pudiendo ser antes o después de la firma de contratos para el otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburíferas o forestales.

Ausencia de diálogo en Conga

El desarrollo del conflicto por el proyecto minero Conga no hizo sino confirmar que el actual gobierno de Ollanta Humala no ha aprendido nada en cuanto a mecanismos de diálogo en caso de conflictos sociales.

Pese a que el entonces candidato Ollanta ofreció ayudar a los campesinos de las provincias de Cajamarca frente al proyecto aurífero Conga, una vez asumido el cargo de presidente mostró su apoyo incondicional al proyecto de la firma estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.

El descontento de la población Cajamarquina fue rotundo y en noviembre de 2011 se convocó a un paro regional que trató de sofocarse con la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, en diciembre de 2011.

Distintas instituciones de derechos humanos, así como líderes de opinión criticaron la medida exagerada del Gobierno y denunciaron la creciente militarización del régimen de Humala que ya lleva catorce civiles muertos por represión de protestas sociales en diez meses de mandato.

Hacia el militarismo

Con la salida del primer ministro Salomón Lerner, el gabinete de ministros dio un giro hacia la derecha, hacia la “mano dura”, e incluso la cabeza del gabinete de ministros, Óscar Valdés, manifestó abiertamente su admiración por el “pragmatismo” del régimen fujimontesinista.

El Gobierno quiso solucionar el problema con la contratación de un peritaje internacional que ayudara a “despejar las dudas” en torno al proyecto. Cabe destacar que las principales autoridades políticas y sociales de Cajamarca repudiaron la firma del acta en donde se fijaron las condiciones del peritaje, acta en la cual no participaron (2).

Conflicto en Espinar

Por otro lado, el conflicto en la provincia cusqueña de Espinar, donde los pobladores se oponen a que la minera de cobre Xstrata Tintaya siga contaminando sus ríos y perjudicando sus formas de vida, es el más reciente ejemplo de ausencia de diálogo en la resolución de conflictos.

La población de Espinar reclamaba dialogar con una comisión de alto nivel del Gobierno con el fin de dar solución a sus reclamos y negociar un nuevo convenio marco con la minera, pero al no lograr el diálogo convocaron a un paro regional en mayo de este año.

La repuesta del Gobierno fue la misma: el Presidente decretó la provincia de Espinar en estado de emergencia y decidió encarcelar a su alcalde, Óscar Mollohuanca, una autoridad edil legítimamente electa.

Igual suerte corrieron dos miembros de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, institución católica de larga y reconocida trayectoria por su trabajo a favor de la paz y la defensa de los derechos humanos.

Autoritarismo se va quedando sin respaldo

Recientemente, cuatro congresistas de la bancada oficialista Gana Perú renunciaron a dicha agrupación como muestra de su disconformidad con la manera como el Gobierno enfrenta los conflictos sociales.

La congresista cusqueña Verónika Mendoza, que renunció al Partido Nacionalista con una carta abierta a la militancia (3), ha sugerido que el viraje del Gobierno hacia la represión de la protesta social responde a que el Presidente obedece incondicionalmente al servicio de inteligencia nacional, tal cual el estilo fujimontesinista de la década del noventa (4).

El congresista Javier Diez Canseco –otro renunciante a la bancada oficialista- ha denunciado como una acción psicosocial que el Gobierno acuse a la Vicaría de Sicuani de poseer cartuchos de balas en una de las camionetas en que transportaba a un fiscal. Este fue el pretexto para detener a dos de los miembros de la Vicaría.

La organización nacional indígena amazónica Aidesep, representativa de los pueblos indígenas de la selva peruana, también ha denunciado las “campañas psicosociales para ocultar las justas demandas de derechos ambientales y sociales de los pueblos con el cuco de “radicalismos” “antisistema” (5).

Como lo advierte un artículo de Roger Merino (6) se siguen atribuyendo las protestas sociales a personas manipuladas que van en contra del “desarrollo” y que no se justifican por que los gobiernos locales tienen dinero.

Luego, cuando el conflicto está abierto se instalan “mesas de diálogo” y, como corolario, se termina por imponer con medidas de fuerza “el Estado de derecho” para hacer respetar la autoridad.

Al aplicar la misma política de los gobiernos anteriores el gobierno de Ollanta Humala, defrauda a quienes vieron en su gobierno la esperanza de una Gran Transformación.

Esto lleva a analistas respetables como Óscar Ugarteche a sostener que “lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori” y “que pueda que no acabe su periodo” (7).