Desde hace algunos años, los conflictos sociales por temas mineros se han convertido en un problema muy difícil de afrontar para los gobiernos de turno que se han visto enfrentados a organizaciones sociales y poblaciones que rechazan un determinado proyecto, principalmente por los daños que éstos ocasionarían al medio ambiente.

El caso Conga es emblemático, pero no el único. De hecho, la Defensoría del Pueblo registra 117 conflictos socioambientales activos. En ese contexto, la última encuesta de GFK preguntó a un universo representativo de la población nacional sobre el proyecto Minas Conga y el complejo metalúrgico La Oroya (operado por Doe Run Perú), que en las últimas semanas generaron reclamos en Cajamarca y La Oroya, y pusieron a prueba la capacidad negociadora del gobierno.

Según los resultados de la encuesta, un 43% de los consuiltados opina que el actual gobierno “está manejando de manera diferente, pero para bien” los conflictos sociales en relación con la administración anterior, frente a un 17% de ciudadanos que piensa que hubo un viraje, pero para mal.

Además, un 49% se inclina por que primen las decisiones del gobierno central en cuanto a temas de inversiones y temas mineros, frente a un 41% que opina que deben ser las de los gobierno regionales. La población del sur del país es la que apuesta mayoritariamente por esta segunda opción (65%).

Es importante también anotar que un 53% de peruanos apuesta por el diálogo para solucionar el conflicto generado en torno al proyecto Conga, seguido por un 23% que piensa que se debe dialogar, pero también tomar algunas medidas de fuerza. Solo un 17% considera que se debe acceder directamente a todos los reclamos de la población y un minoritario 5% apuesta por la fuerza para solucionar el problema.

Adicionalmente, un 54% de peruanos apuesta por que el proyecto de Minera Yanacocha se ejecute, frente a un 36% que piensa lo contrario.

En cuanto a la refinería de La Oroya, que no opera desde el 2009, un 80% opina que debe volver a funcionar solo después de cumplir el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA). Le sigue un 12% que cree que el complejo metalúrgico no debería volver a operar ni con un programa de cuidado ambiental.

En lo que se refiere a la toma de decisiones y roles de niveles de gobierno, esta encuesta expresa una expectativa y una demanda de la ciudadanía por la concertación y el diálogo en la toma de decisiones sobre inversiones y temas mineros. No hay una corriente de opinión pública que busque imponer uno u otro nivel de gobierno y eso se ve en la diferencia entre los porcentajes de Lima y el interior del país. Claro que es evidente que las regiones demandan mayor presencia del gobierno regional, sobre todo el sur del país donde un 65% quiere que se otorgue la función de decidir a su gobierno. Por eso creo que es necesario trabajar en una lógica de distribución de funciones que permita una colaboración y complementariedad sin poner en cuestión el rol de ente rector sobre temas de interés nacional del gobierno central. Es importante que las decisiones se adopten de manera conversada con quienes tienen la responsabilidad de manejar el terri-torio, que es el gobierno regional.

Creo que va quedando meridianamente claro que la gran mayoría de peruanos, y no solo los que recoge esta encuesta sino los que sienten los beneficios de la minería, se inclina por la procedencia del proyecto Conga y no se deja engañar ni confundir por reducidos grupos que están en contra del progreso, la modernidad y desarrollo de pueblos. Eso es lo más importante que refleja este estudio y también que la violencia no puede ser impuesta ni por el Estado ni por ningún sector. Creo que queda claro también que siempre que se cumpla con las normas medioambientales y se garantice el bienestar de las poblaciones aledañas a un proyecto importante, este se podrá ejecutar. Son condiciones nuevas que está poniendo el Perú y que lo convierte en un país moderno y civilizado, que le exige a la gran inversión, y no solo minera, que haga partícipe de sus beneficio a las poblaciones del entorno donde opera. Ese es el gran desafío ahora.

La encuesta muestra que hay conocimiento del tema de Doe Run y que existe una real conciencia entre la ciudadanía de que esta empresa no puede volver a operar la refinería de La Oroya si no cumple con estándares medioambientales. Hasta las personas más vinculadas al sector empresarial consideran que Doe Run está abusando al poner exigencias al gobierno. Respecto a la mejor evaluación del gobierno de Ollanta Humala en el manejo de los conflictos sociales en relación a la administración de Alan García, parece que en estos resultados influyó el peritaje al EIA de Conga. Se observa que el discurso del gobierno se ha moderado, ya no es el impositivo: “Conga va sí o sí”, de hace unos meses. Ha sido estratégico llevar la discusión sobre la viabilidad de Conga a un plano técnico. No obstante, creo que desde el gobierno aún hay una mirada muy sesgada de los conflictos sociales que no reconoce que las poblaciones tienen una agenda propia.