Aparecen cada cierto tiempo. Vienen del pasado, son los que ayer hacían campaña para el triunfo de la hija del ex dictador y atacaban al candidato de Gana Perú y hoy lanzan sus mentiras en contra de las organizaciones de derechos humanos. Esta vez apelan a la denuncia de la Comisión Interamericana de DDHH ante la Corte de DDHH, en contra del Estado peruano, por el caso de los comandos Chavín de Huántar.

Para ello fraguan una mentira y la repiten hasta el cansancio. Y la falsedad más grande es afirmar que los comandos militares que liberaron a los rehenes secuestrados por terroristas del MRTA serán llevados al banquillo.

Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido bastante claro. En una entrevista con La República señaló que “la Corte no enjuicia ni enjuiciará a ninguna persona”. El ex ministro de Justicia Francisco Eguiguren ha dicho, por su parte, que la actuación de los comandos no está en discusión.

Aun así, y a pesar de que lo saben, manipulan los sentimientos de los militares de Chavín de Huántar y presentan a las ONG de DDHH como enemigas de los comandos o un grupo interesado en llevarlos a la cárcel. Nada más inexacto. “No defendemos a los terroristas y tampoco al terrorismo de Estado”, ha dicho Rocío Silva Santisteban de la Coordinadora de los Derechos Humanos saliendo al frente de quienes pretenden silenciarla y hasta la amenazan de muerte.

Los promotores de la campaña no dicen que la denuncia presentada ante la CIDH en el 2003 no es en contra de los comandos sino del Estado peruano por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el operativo de rescate y por derivar dicha acusación al fuero militar y no a la justicia común como correspondía por tratarse de un caso de presunta violación de los derechos humanos.

Ocho años después de presentada la denuncia ante la CIDH el Poder Judicial sigue caminando con pasos de tortuga en el proceso abierto por esta denuncia. Recién hace unos días la fiscalía solicitó penas entre 20 y 15 años para Montesinos y los militares que habrían permitido el ingreso de los “gallinazos” para ejecutar a los emerretistas rendidos.
Los gobiernos anteriores no tuvieron la prontitud que correspondía para responder a la CIDH. De los caminos existentes, uno podría haber sido el esbozado por Eguiguren: la derivación del caso al tribunal militar la decidió la Corte Suprema en un régimen democrático. El proceso concluyó con el archivamiento del caso. Uno puede estar a favor en contra de esta tesis, pero es una alternativa que podría haberse presentado en su momento.

El Poder Judicial debe ahora actuar con rapidez para que el juicio que se sigue en el fuero común concluya antes de que la Corte se pronuncie. Además, como dice García-Sayán, no todas las denuncias pasan, algunas pasan al archivo.

La campaña montada por el fujimorismo y sus diarios en contra de las ONGs de DDHH solo se explica porque estas organizaciones estuvieron en primera fila durante la dictadura, denunciando la corrupción y los delitos de lesa humanidad que se cometían bajo la protección de AF y VM.

Los defensores del autoritarismo tampoco olvidan que las ONGs de DDHH contribuyeron a la derrota de la hija del ex dictador al movilizar a miles de personas en defensa de la democracia y tener una activa participación en la campaña electoral al recordar a los peruanos los crímenes cometidos por quienes formaron parte del gobierno fujimorista, como el de las esterilizaciones forzadas.

Por ello los ataques de los voceros del fujimorismo a las organizaciones de DDHH más que una afrenta es un premio.