Pudo ser cualquier otro proyecto de inversión en la gran minería porque muchos de los problemas presentados en Conga no son nuevos. Y no estoy pensando en la peor parte de la historia nacional como, por ejemplo, los criminales humos de La Oroya, pues mucho ha cambiado. Varias corporaciones transnacionales tratan de hacer “buena letra” incluyendo la “licencia social” como explícito requisito para la inversión. Por su lado, la “demanda democrática” de la gente es un dato vivo y presente que clama, legítimamente, por ser consultada y participar en los beneficios de la inversión.

Es cierto que en inversiones como Conga se puso en marcha un proceso de consultas y de “licencia social”. Existe, además, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se pusieron en marcha programas de “responsabilidad social”. Hay, por cierto, particularidades locales en errores cometidos por la empresa y en la dinámica confrontativa impulsada por ciertos contestatarios locales. Pero más allá del árbol hay un bosque con cuatro problemas medulares de los que se deriva igual número de lecciones.

Primero, el concepto restrictivo y equivocado que usa el Estado para delimitar la denominada “área de influencia”. Que es un asunto clave pues sirve para identificar a quiénes se debe tomar en cuenta para el proceso de consultas y de licencia social. Trazar un anillo restringido en torno al foco físico de la inversión hace que queden fuera del “área de influencia” poblaciones aledañas a las cuencas de los ríos involucrados. Y que pese a que pueden estar varias decenas de kilómetros fuera del susodicho “anillo” están o pueden estar impactados de alguna forma. Este criterio tiene que modificarse para que el “área de influencia” que defina la autoridad realmente sea “inclusiva”.

Segundo, los EIA, como la mujer del César, no solo tienen que ser absolutamente independientes y neutrales sino parecerlo. Eso no ocurre si el sector gubernamental interesado en que se haga la inversión es el que tiene bajo su sombra el control del respectivo EIA. No pueden estar los EIA bajo el monitoreo y supervisión de una Dirección General del sector Energía y Minas. Esa es responsabilidad sectorial del Ministerio del Ambiente, como lo es en varios países. En este caso específico de Conga es evidente, además, que es indispensable una revisión del EIA en lo que atañe a las cuatro lagunas para lograr una solución técnica distinta de la que ostensiblemente es –social y ecológicamente– inviable.

Tercero, la inversión en la gran minería no es sostenible en un entorno marcado por la desnutrición y la miseria. ¿Responsabilidad del Estado? Sí, por su ausencia, ineficiencia e incapacidad de ejecución presupuestal. Pero también de quien explota los recursos naturales que le pertenecen al Estado. Con ello asumen la obligación no solo de pagar impuestos sino de vivir en armonía con la comunidad. Proyectos de centenares o miles de millones de dólares deben suponer compromisos con el Estado (gobierno central y regional) y con la comunidad, de impulsar muy ambiciosos programas sociales de corto y mediano plazo. Al menos, para eliminar (no “paliar”) la desnutrición infantil y garantizar programas efectivos de salud y de saneamiento.

Cuarto, diálogo y, a la vez, ejercicio de la autoridad estatal pero en una perspectiva que requiere un viraje decisivo: pasar de la ausencia a la presencia del Estado. Para dictar normas claras y firmes así como para precisar y fijar condiciones relevantes de protección ambiental y de beneficio a la población que no suelen brotar de la sola buena disposición de la empresa si no hay autoridad para ajustar las cosas. Y autoridad, también, para que el diálogo con la población y sus representantes sea no solo efectivo sino responsable. De manera que quien tenga algo que decir desde la base lo pueda hacer dentro de espacios institucionalizados y no bloqueando caminos o paralizando poblaciones. Inversión y dirigentes populares responsables y un Estado presente son el trío necesario.