Por Javier Sierra*
En los dos últimos años, el abuso de las leyes penales de difamación, calumnias e injurias ha resultado en una larga lista de periodistas, y por lo menos un bloguero, condenados a penas de prisión.
Tres de ellos cumplieron al menos parte de sus sentencias, incluyendo el periodista Paul Garay Ramírez, quien fue absuelto el 28 de octubre por la Corte Suprema tras cumplir siete de los 18 meses de su sentencia por difamación.
En este periodo de tiempo, ningún otro país del Hemisferio Occidental ha usado sus prisiones para encarcelar a periodistas con más asiduidad que el Perú.
Es decir, los medios peruanos arriesgan su libertad por el mero hecho de cumplir con su obligación de mantener a la sociedad informada sobre temas de interés público.
Y como confirman los asesinatos de tres periodistas ocurridos este año —los de Pedro Alfonso Flores Silva, José Oquendo Reyes y Julio Castillo Narváez— los informadores peruanos también arriesgan la vida por ejercer su profesión.
Debido a este extraordinario nivel de castigo que recibe el periodismo del Perú, las recientes declaraciones del Vicepresidente Omar Chehade nos parecen al menos chocantes.
En una entrevista con el diario Perú 21, Chehade indicó que “no hay pena efectiva para periodistas”, y agregó que las sanciones contra el periodismo deben seguir siendo penales y las multas más estrictas.
Las palabras del Vicepresidente Chehade no sólo contradicen el compromiso a la protección de la libertad de prensa del Presidente Hullanta Humala, sino también las decisiones y recomendaciones del sistema interamericano de justicia, del cual Perú es miembro signatario.
Tanto la Corte como la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos sostienen que las ofensas de difamación, calumnias e injurias deben tipificarse en el Código Civil.
Las sanciones correspondientes, asimismo, deben abstenerse de multas o compensaciones abusivas o exorbitantes que claramente constituyen una forma de mordaza contra la libertad de prensa.
Además, la Corte defiende que, “en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”.
Por tanto, creemos que es de crucial importancia que el Presidente Humala inicie la urgente mejora del ejercicio del periodismo en el Perú promulgando el Proyecto de Ley 4581/2010, el cual fue aprobado el año pasado por el Congreso y elimina las sentencias a prisión por delitos de difamación en casos relativos a la libertad de prensa.
En nuestra carta al mandatario del 2 de septiembre, lo urgimos además a que una vez que culmine este positivo proceso, lo considere sólo el principio de una reforma que despenalice por completo los delitos de difamación, calumnias e injurias.
Al Presidente Humala no le pedimos un milagro; simplemente, un acto de fe en la libertad de prensa y en los deseos de los representantes del pueblo peruano.
*Javier Sierra es Director de Proyectos del Comité Mundial de Libertad de Prensa de Freedom House (www.wpfc.org), una organización con base en Washington, EE.UU., que representa a 43 grupos de libertad de prensa de todo el mundo.
Fuente: La Mula.pe