Asimismo, rechazaron públicamente la persecución política, criminalización y encarcelamiento de los otros 204 representantes de los pueblos originarios que se encuentran actualmente en procesos judiciales.
Los indígenas declararon personas no gratas al ex gobernador de la provincia, Luis Salazar, y a la gobernadora de turno, Gabriela Rivadeneira, por enjuiciar a los demás dirigentes.
Exigieron al Estado garantizar la participación de todas las comunidades del Ecuador en el proceso de consulta para la promulgación de la Ley del Agua, de tal forma que su administración sea comunitaria.
A su vez, se solidarizaron con los indígenas de Río Grande, quienes fueron desalojados de sus territorios según el Decreto Ejecutivo 914, el pasado 18 de octubre.
Esta norma, firmada por Rafael Correa, declara zona de seguridad dichos espacios en donde se construirá la represa del Proyecto Multipropósito Chone.
Otro de los acuerdos fue el rechazo público al despido de los trabajadores y servidores públicos, en especial de los de Imbabura.
Los dirigentes que tomaron estas decisiones pertenecen a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y sus regionales: la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y FICI.
Fuente: Servindi