07 de noviembre, 2011.- El Instituto de Defensa Legal de Lima presenta una propuesta articulada de reglamento de ley de consulta bastante descompensada por situar al Estado como representante del “interés público” netamente por encima de los derechos de los pueblos indígenas, afectándoles. Más que el derecho a la consulta, lo que se configura es la obligación de someterse a ella.Se restringen al máximo los supuestos en los que se requiere consentimiento sin previsión de garantías sobre la apreciación de su existencia. Queda en manos del Estado. El consentimiento previo, libre e informado se transmuta en “la obligación del Estado de realizar todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo con los pueblos indígenas en torno a la implementación de la medida legislativa o administrativa consultada”, hasta tal punto, entre evocaciones que no faltan del derecho a la libre determinación, se posterga y degrada la agencia indígena.

El Estado puede “decidir aprobar la medida cuestionada por los pueblos indígenas”. Esta propuesta misma, preparada sin participación indígena, hace la previsión de pasar por consulta sin referencia a la necesidad de consentimiento. Y no se adopta ninguna cautela ante la designación legal como “el Órgano Especializado en Materia Indígena del Poder Ejecutivo” uno probadamente tan poco fiable como el Viceministerio de Interculturalidad. ¿Va ser esta instancia gubernativa la que, sin participación indígena, decidiría sobre extremos tan vitales como, por ejemplo, el de necesidad o irrelevancia del consentimiento? ¿Cómo puede propugnarse el sinsentido de que el susodicho Viceministerio sea juez y parte? ¿Basta con decirse que ha de “actuar en todo momento de forma autónoma, independiente e imparcial en relación con las diferentes partes que intervienen o participan en el proceso de consulta previa” cuando constitutivamente no le cabe?

La nueva institucionalidad del Estado reclamada por las organizaciones indígenas, para la que habría cabida dentro de la ley, brilla por su ausencia. La propuesta del Instituto de Defensa Legal puede resultar una vuelta de tuerca en la desvirtuación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta tras lo que entonces sería el amago de su reconocimiento mediante ley.