La última edición de “El Arriero” contó con la presencia del recientemente nombrado viceministro de interculturalidad, Iván Lanegra, quien conversó con Javier Torres sobre ela gestión de los problemas de los pueblos indígenas. Lanegra destacó la necesidad que tiene el país de desarrollar una política indígena seria, construida en torno a la la construcción de una estructura, un sistema dentro del estado, que sea capaz de atender ésta compleja agenda de reivindicaciones y derechos.

Sobre este aspecto, Lanegra expuso que el Perú históricamente ha tenido muy poca política vinculada al sector indígena. En su opinión, la esperada ley de consulta previa, en este sentido, aprobada en los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala, constituye un hito sumamente importante. El viceministro señaló que este proceso requerirá de un esfuerzo conjunto, que deberá contar con todos los actores involucrados, y que sobre todo demandará un complejo trabajo de la institución que lidera por brindar la información que sea necesaria.

“Hay que entender que procesos de este tipo requieren consensos y una buena fe para obtener resultados”, puntualizó Lanegra, recalcando también que esta ley no será una solución perfecta e ideal para solucionar los problemas indígenas, y que “no hay que crear expectativas exageradas” sobre la misma. Como aspectos que deben ser tratados previamente, Lanegra valoró dos: los referentes a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, y la agenda histórica que apunta a su reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.

“Mi impresión es que el país necesita una política indígena seria. Si hemos decidido apostar por una política indígena de este tipo, eso implica tomarnos en serio la reforma del estado en esta sección”, sostuvo el viceministro.

Ya en la segunda parte del programa, en un intendo por profundizar en las consecuencias de la Ley de Consulta, Lanegra conversó con Javier Torres cómo ésta afectará a la relación entre los pueblos indígenas y las industrias extractivas. Sobre el caso, el viceministro reconoció que el Estado será la entidad que tendrá la última palabra para zanjar los conflictos que se generen, incluso a pesar de la negativa de la población, “pero ahí hay algunos límites” aclaró. “Si el estado señala que el proyecto cuenta con viabilidad ambiental, y si la comunidad propietaria no autoriza el uso de su suelo, entonces ese tema entra a otro régimen que es el acuerdo previo”, sostuvo. En ese sentido, Lanegra concluyó que la ley peruana es clara: “sólo en una situación excepcional de seguridad o interés nacional, y con un proceso legal previo, se puede autorizar la apropiación”.