El escándalo armado por enésima vez por un grupo de políticos y la prensa de ultraderecha contra el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, y la Corte Interamericana de DDHH es el equivalente a una tempestad en un vaso de agua. Como es sabido, el titular de Justicia viajó a Washington para exponer la nueva política del gobierno en materia de DDHH ante la 143ª sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta exposición era necesaria, diríamos, imprescindible, pues nuestro país figura con 320 denuncias en contra ante la Comisión, que es la instancia previa a la CIDH. Esto no quiere decir que todos estos casos serán vistos por el Tribunal (en realidad el promedio es de 10 a 1), pero el Estado peruano no puede darse por no enterado, pues nuestra Constitución reconoce la jurisdicción plena de la CIDH y sus fallos son vinculantes para nuestro ordenamiento legal.

Como es sabido, el presidente Humala ratificó el pleno respeto a la vigencia de los DDHH en su mensaje de instalación, enfatizando además que no se tolerará ningún tipo de impunidad para los violadores de estos. Este mensaje necesitaba ser transmitido y es lo que ha hecho el ministro Eguiguren, al añadir que no figura dentro de los planes del gobierno desconocer la competencia de los órganos del sistema interamericano de DDHH ni la idea de salir de este, como ignominiosamente pretendió hacer el fujimorismo a fines de los 90.

La falacia propalada por estos medios y políticos interesados en desinformar es que la CIDH piensa juzgar a los comandos de la operación Chavín de Huántar. No hay tal, lo que la Corte propone es que tribunales civiles juzguen al grupo de infiltrados del SIN que encabezó el coronel Zamudio y que, una vez concluida la operación que liberó a los rehenes, llevó a cabo las ejecuciones extrajudiciales de tres de ellos –según diversos testimonios de los rescatados– o al menos de uno, cuyos restos, al ser exhumados, demostraron que murió por un tiro en la nuca hecho desde corta distancia.

No ha faltado más para que, de nuevo, se desate una campaña contra la CIDH y contra el propio titular de Justicia, a quien gente tan impresentable como el vicealmirante Giampietri acusa de “ceder ante la Corte por su conocida condición de caviar”. Es bueno aclarar que no se ha cedido nada, sino que se ha hecho una declaración de principios. Lo que el ministro dijo, entre otras cosas, es que su presencia ante la Comisión se debía a que “la defensa del Estado no puede separarse de un compromiso ético y moral, por ello no se asumirá la defensa de violadores de DDHH ni de asesinos”.

También anunció la creación de un futuro Viceministerio de DDHH y Acceso a la Justicia, el cual impulsará un servicio de defensa legal gratuita para las víctimas y no solo para los procesados, y que “no se asumirán conductas que puedan propiciar ni la impunidad ni la actitud irresponsable de gobiernos que se comprometen a algo en los tratados y luego los incumplen”. Los lineamientos están muy claros, pero hay gente que no puede ni quiere entenderlos.