En la resolución, la Fiscalía señala que en los anteriores pronunciamientos respecto al caso “se han considerado los hechos materia de investigación como delitos comunes y no como actos ilícitos vinculados a violaciones de derechos humanos”.
De la misma forma, la resolución agrega como argumento para esta acción que “estos hechos han sido investigados de manera genérica, sin precisarse el grado de participación que habrían tenido cada uno de los presuntos autores”.
La investigación ha sido encargada a la Fiscalía Supraprovincial Penal para lo cual el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, ha ampliado la competencia de la misma a efectos de poder investigar la totalidad de ésta práctica en los diversos departamentos del país.
El caso de mayor relevancia que es expresamente mencionado en la resolución es el de María Mamérita, pobladora del distrito de La Encañada – Cajamarca. En 1998, tras el acoso continuado del personal del ministerio de Salud, Mamérita fue sometida a una operación de ligadura de trompas como parte de esta política de estado que tenía como finalidad controlar la natalidad en las zonas rurales del país. Pocos días después falleció y su caso fue denunciado por los organismos de derechos humanos.
La ligadura de trompas fue el proceso quirúrgico al que los funcionarios del ministerio de Salud sometieron a cientos de mujeres en el país como parte de esta campaña. Estas mujeres fueron llevadas contra su voluntad o mediante engaños a la sala de operaciones, y si bien no todas las intervenciones tuvieron un desenlace fatal, las insalubres y deficientes condiciones en las que fueron operadas afectaron posteriormente su salud. Parte de las evidencias de estos casos fueron presentadas en una pasada entrevista concedida a Lamula.pe por María Isabel Sedano, directora de la ONG Demus y el ex Procurador Ronald Gamarra. En la entrevista, Sedano y Gamarra señalan la responsabilidad de los ministros de Salud del gobierno fujimorista; uno de ellos, el actual legislador Alejandro Aguinaga.
Siendo este un caso polémico que fue reavivado durante la pasada campaña presidencial, la entonces candidata al congreso y ex ministra de la Mujer durante el gobierno fujimorista, Maria Luisa Cuculiza, reconoció en una entrevista concedida al periodista Beto Ortiz la existencia de esta campaña. Sin embargo, negó que se haya procedido en contra de la voluntad de las mujeres. ”A nadie en sus cuatro cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza, eso es imposible”, señaló como descargo.
Asimismo, candidato a la vicepresidencia en la plancha fujimorista, Rafael Rey, frente al mismo periodista, respondió a los cuestionamientos sobre el tema mediante un complicado juego de palabras que entró en la antología de las frases desafortunadas de la campaña presidencial. Refiriéndose a las operaciones quirúrgicas, sostuvo que “las esterilizaciones fueron sin su voluntad, no contra su voluntad”.
Fuente: La Mula.pe