En los hospitales estatales se cobra a los pacientes por cada consulta, análisis o intervención. En el Ministerio de Trabajo se impide el ingreso de los ciudadanos que no tienen DNI vigente. En una oficina de RENIEC ubicada en el Cusco trabajan funcionarios no hablan una palabra de quechua.

– Los problemas que se señalan en el párrafo anterior muestran como el Estado peruano tradicionalmente no se no ha enfrentado las dificultades para que los más pobres puedan ejercer sus derechos, sino que las ha profundizado.

Durante los gobiernos de Toledo y García mantuvieron la ideología del “chorreo”, es decir, promovían grandes inversiones, asumiendo que, de alguna manera, los beneficios llegarían a todos los peruanos. Mientras los niveles de mortalidad y desnutrición infantil en algunas regiones seguían siendo como los países africanos más pobres, era preferible gastar millones de soles en viajes presidenciales, bombas lacrimógenas y remodelación de estadios.

En realidad, ninguna sociedad se vuelve justa e inclusiva de manera espontánea, sino que son necesarias políticas públicas, partiendo de una idea fundamental: los ciudadanos no nacen con las mismas oportunidades. En otras palabras, la igualdad entre los peruanos no es una condición real, sino una meta hacia la que debe dirigirse la acción de las autoridades y la prioridad de las inversiones públicas.

Sabemos que para enfrentar esta problemática tendremos pronto un Ministerio de Inclusión Social, pero para que realmente cumpla su función será necesario que se manejen los recursos de manera responsable. En lugar de gastar en chalecos, lapiceros y tazas con el logo de la institución o en aire acondicionado para los burócratas lo prioritario es focalizar el gasto en los excluidos entre los excluidos: mujeres indígenas analfabetas, niños, ancianos, personas con discapacidad. Si se produce cualquier forma de despilfarro o la ayuda termina en quienes no la necesitan, se desacreditaría toda la labor de inclusión.

De otro lado, una política de inclusión social no debe generar pasividad o dependencia, sino mejores oportunidades. El asistencialismo es contraproducente en términos de construcción de ciudadanía. La ayuda social no debe tener vocación de permanencia, salvo casos extremos.

Sin embargo, la inclusión social no debe ser pensada como tarea de un solo ministerio, sino de todos los sectores de la administración pública. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas deben tomar en cuenta de manera integral las necesidades de sus integrantes más vulnerables, es decir los reclutas de ascendencia indígena.

A continuación, nosotros proponemos algunas medidas que consideramos son absolutamente urgentes para ayudar a los millones de peruanos más excluidos.

La primera es disponer que el DNI sea gratuito y permanente para los habitantes de los distritos más pobres del Perú. Si alguien tiene duda sobre cuáles son, puede consultar el listado que ya elaboró el Poder Judicial, cuando hace seis años dispuso exonerar a estos lugares del pago de aranceles judiciales (lo adjunto a esta RP). Igualmente, debería derogarse la Resolución 789-RENIEC-2005 que impide el ejercicio de derechos fundamentales a quien no tiene DNI en ese momento, aunque pueda identificarse de cualquier otra forma. A diferencia de bancos o supermercados, en las entidades públicas todavía se exige y retiene el DNI de los ciudadanos, como si fueran sospechosos. Esto ocurre en el Congreso, en INDECOPI e inclusive en algunas oficinas de la Defensoría del Pueblo.

Una segunda medida, que de hecho se viene implementando a través de algunas Ordenanzas Municipales y Regionales, es asegurar que en toda dependencia pública y privada que atienda al público el personal debe hablar el idioma predominante de la zona, es decir, básicamente quechua o aymara. Si tuvieran esta política el Banco de la Nación, RENIEC o la Defensoría del Pueblo ayudarían a muchas personas.

En tercer lugar, de todos los cobros que el Estado peruano realiza a los ciudadanos, los más urgentes de eliminar son lo referentes a la salud. El financiamiento de un hospital, el sueldo de los médicos, el pago de las medicinas debe estar en manos del propio Estado, porque para eso deberían ser los impuestos que los peruanos pagan. Actualmente, son muchas las personas que mueren por no poder pagar atención médica.

Finalmente, queda pendiente promover una gran campaña contra la discriminación en todos los ámbitos, desde la administración estatal hasta los medios de comunicación, pasando por el sistema educativo. Desde hace un año, los medios de comunicación hablan mucho de bullying, probablemente por el atractivo que tienen las palabras en inglés… pero el fenómeno no es nada nuevo: es la discriminación y maltrato que sufren miles de niños en los colegios por su contextura física, su apellido o sus rasgos. Resulta ingenuo pretender enfrentar este problema aislándolo del contexto social en que viven los escolares y que estimula a buscar siempre al más débil para humillarlo.

Promover una sociedad inclusiva debe ser una tarea de las autoridades, pero también de todos los peruanos.

Además…

– José Oquendo, un periodista que tenía un noticiero por cable en Chincha, fue asesinado el 14 de setiembre. Él había criticado varias veces al Alcalde de esa ciudad. Se trata del tercer periodista asesinado por sicarios en lo que va del año. Los anteriores crímenes fueron cometidos contra Julio César Castillo Narváez el 3 de mayo en Virú (RP 355) y de Pedro Flores el 8 de setiembre en Casma (RP 373). En ambos casos, ya han sido capturados los homicidas.

– La muerte de los oficiales Esneider Vásquez y Jenner Vidarte el pasado 14 de setiembre ha vuelto a mostrar el violento accionar de grupos armados vinculados al narcotráfico en el VRAE.

– La informalidad que se extiende sobre Gamarra cobró ahora la vida del obrero Ricardo Caracela Bardales, quien falleció al caer de un octavo piso de una edificación sin licencia de construcción. Al parecer, se busca contratar personas que no sean de Lima porque es más fácil obligarlos a trabajar sin ningún implemento de seguridad. Ese fue el caso de Caracela, quien había llegado pocos días antes desde Arequipa.

– Hacemos llegar nuestra solidaridad con el sacerdote Marco Arana, quien sufriera un atentado el pasado 15 de setiembre en las cercanías de Huancabamba. Arana se dirigía a las celebraciones por el cuarto aniversario de la consulta vecinal en que los habitantes de varios distritos expresaron su rechazo a la actividad minera (Más información sobre los antecedentes del conflicto en la zona en varias de las anteriores RP)

– El Alcalde de Trujillo, César Acuña, ha anunciado que cuenta con financiamiento para un sistema de transporte masivo similar al Metropolitano. Esperamos que esto se concrete pronto. Hasta 1991, en muchas ciudades circulaban los ómnibus de Enatru Perú.

– Agradecemos a la empresa RANSA por dejar de incluir requisitos discriminatorios de edad en sus ofertas de empleo.

– Quienes deseen conocer el barrio de Montserrat, en el centro de Lima, están invitados a participar en el 7° Paseo de Lima La Única, este domingo 25, a las 10am. Más detalles con David Pino en limalanica@live.com

Aportes y comentarios (Sobre la RP 373, relativa a la Ley de Consulta Previa)

– Por mi trabajo con las comunidades campesinas, he apreciado que nunca se llamaron o se llaman indígenas, normalmente utilizan y afirman expresiones como “Soy campesino” o “Soy quechua”. El reglamento de la Ley aprobada debería recoger esta acepción en su definición de indígena (Una abogada cusqueña).

– La Ley de Consulta Previa es una herramienta para llevar desarrollo y progreso a las poblaciones indígenas, porque promueve un diálogo informado que hará posible proyectos detenidos por conflictos sociales. Ahora bien, el problema de los indígenas es la pobreza. Superarla es una responsabilidad del Estado y de los propios indígenas, incluidas sus comunidades. La pobreza y el atraso no deben ser asumidos como características naturales de los indígenas (Un funcionario de la Cancillería)

– Hay que reconocer que en los últimos dos años se ha avanzado mucho en materia de derechos de los pueblos indígenas, tal vez no materialmente, pero sí en poner en la agenda nacional sus derechos. No recuerdo que anteriormente se haya discutido, polemizado, dado argumentos a favor o en contra sobre los pueblos indígenas y sus derechos.

En este tiempo, también se logró que la Corte Suprema reconociera el derecho de las rondas campesinas a administrar justicia y que se organizaran dos Congresos sobre ese tema. Ahora está en elaboración la propuesta de ley de coordinación, que sería otro punto a favor del reconocimiento de derechos.

Lo que nos toca ahora es cómo se han implementado estas decisiones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, para saber si efectivamente hemos avanzado.