“La CIDH observa que niños de comunidades minoritarias en las Américas, tales como niños afrodescendientes e indígenas, así como niños latinos en los Estados Unidos, se encuentran sobre representados en los centros de privación de libertad y en ocasiones reciben sanciones más rigurosas por los hechos delictivos que cometen”.
Asimismo, los niños pertenecientes a estas minorías son los que con mayor frecuencia experimentan violencia a manos de funcionarios policiales y correccionales.
Para el Comité de los Derechos del Niño, citado en el informe de la CIDH, el encarcelamiento “en algunos casos puede atribuirse a discriminación sistémica en el sistema judicial o en la sociedad”.
Canadá
Un caso notorio ocurre en Canadá en donde los niños indígenas conforman un 4,5% de la población total, pero representan un 24,9% de la población de niños privados de su libertad.
“No obstante, la CIDH observa que se están adoptando medidas para evitar la representación desproporcionada de las minorías en el sistema de justicia juvenil. Así, la ley de justicia juvenil canadiense ha contemplado la necesidad de que los jueces presten especial atención a las circunstancias de los niños pertenecientes a comunidades indígenas al momento de considerar penas privativas de libertad”.
Apostar por la educación
“La Comisión coincide con el Relator de la ONU en que la garantía de acceso a los distintos tipos de programas educativos y de formación debe dar lugar a ciertas particularidades en el caso de poblaciones específicas, respetando la diversidad étnica, racial y lingüística”.
Por ejemplo, recomienda el informe, “en el caso de niños pertenecientes a pueblos indígenas la ejecución de estos programas debe respetar sus usos, costumbres y prácticas culturales. Entre otras características, los programas deben ser respetuosos de la lengua de estos niños, para lo cual deben contar con personal especial o intérpretes competentes y suministrar material escrito adecuado”.
La juventud y sus derechos
El trabajo presentado por la CIDH identifica estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.
Las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región, es puesta de manifiesto por la CIDH.
En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad.
Para la realización de este informe se llevaron a cabo visitas a diversos países de la región, se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas, se organizaron consultas regionales y se elaboró un cuestionario que fue respondido por Gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: Servindi