15 de agosto, 2011.- Los peruanos y peruanas quechuas, aimaras, awajun, asháninkas, shipibos, matsiguengas, shawis, cacataibos, yines, entre otros compatriotas de diversos pueblos indígenas amazónicos y andinos, continúan siendo víctimas de discriminación étnica, racial y de género; ejercen una limitada participación política; sus niveles socioeconómicos se encuentran por debajo del promedio nacional y, además, su valiosa identidad cultural es ignorada. En pocas palabras, constituyen un sector de la población que ha sido históricamente desatendido por el Estado y, en razón de ello, la Defensoría del Pueblo considera que se requiere adoptar medidas urgentes que permitan superar esta situación.

En tal sentido, uno de los ejes transversales de la gestión del nuevo Gobierno debe ser la institucionalización del diálogo y la concertación entre el Estado y los pueblos indígenas en el marco de una política de reconciliación.

Cumplir con el derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas se ha tornado en una tarea imprescindible para avanzar en este objetivo. Ahora corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Cultura impulsar una política nacional orientada a que los diversos sectores y niveles de gobierno institucionalicen el diálogo como herramienta para garantizar el bien común y el respeto de los derechos individuales y colectivos de los referidos pueblos.

Por su parte, el Congreso de la República debe aprobar una Ley del Derecho a la Consulta, en el marco del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tomando en consideración los importantes consensos obtenidos mediante la autógrafa aprobada el 19 de mayo del 2010. A la vez, el Ministerio de Energía y Minas debe contar con una nueva reglamentación del derecho a la consulta, acorde con lo establecido por las normas internacionales sobre esta materia, las sentencias del Tribunal Constitucional y la nueva Ley de Consulta. Al respecto, se debe garantizar que la consulta de las licencias ambientales y de las servidumbres para el desarrollo de proyectos de inversión en tierras que usan u ocupan los pueblos indígenas se convierta en un mecanismo de prevención de los conflictos sociales y de protección del derecho a la tierra, al medio ambiente y al desarrollo, entre otros.

Por otro lado, afrontar la inequidad en materia educativa que afecta a los niños, niñas y adolescentes indígenas requiere la implementación de un nuevo Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la ejecución de una política coherente en esta materia, que tenga en cuenta los tres niveles de educación (inicial, primaria y secundaria), así como una cobertura en los ámbitos urbano y rural.

Con relación al derecho a la propiedad comunal, es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros determine qué ministerio será el ente rector en materia de formalización de la propiedad comunal de las tierras que ocupan los pueblos indígenas. Asimismo, se debe culminar el proceso de titulación y la georreferenciación de sus tierras, en un esfuerzo conjunto del Gobierno Central y los Gobiernos Regionales.

Finalmente, se debe reconocer que es posible impulsar la transformación y modernización del Estado para atender las necesidades de los pueblos indígenas. Avanzar en ello demanda decisión política y capacidad técnica en la gestión de la administración pública. Superar su histórica exclusión es tal vez el mayor reto del nuevo Gobierno.