Somos uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, con decenas de lenguas vivas y culturas. Por eso requerimos una infraestructura institucional sólida que permita aprovechar las oportunidades que ofrece nuestra riqueza cultural y natural y evitar que ese aprovechamiento –que debe beneficiar a todos– se transforme en un problema.

Los conflictos sociales son, en parte, resultado de una economía en crecimiento y pueden convertirse en oportunidades de mejora conjunta. El problema surge cuando derivan en paralizaciones, toma de carreteras, o, peor aun, vulneración de los derechos a la vida y salud de las personas, tanto de las partes en conflicto como de terceros.

DESARTICULACIÓN

En el Perú no hemos institucionalizado la prevención y transformación de los conflictos socioambientales; no contamos con una estructura que articule al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales para atender oportunamente los conflictos y promover las reformas estatales que erradiquen la raíz de la conflictividad social. Es necesaria una política del más alto nivel para lograr la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con todos los ministerios, incluidos los del Ambiente y Cultura.

NUEVA MIRADA

El ordenamiento territorial y la incorporación del enfoque intercultural en las políticas brindarían oportunidades para la acción conjunta, pero el Estado Peruano no tiene esta necesaria visión transectorial y territorial, que esta problemática demanda.

El Ministerio del Ambiente) debe estar facultado para atender la conflictividad ambiental, en su gran mayoría surgida de poblaciones que perciben los nuevos proyectos de inversión como potenciales amenazas a sus actividades tradicionales. Los casos típicos son: minería versus agricultura en costa y sierra, y posible impacto de las explotaciones forestales y energéticas sobre la vida y costumbres de las ancestrales comunidades amazónicas. En este sentido, los bosques naturales y la gestión de cuencas deben ser competencia del Minam, institución llamada a liderar la creación de una política de ordenamiento territorial que permita decidir técnica y participativamente el desarrollo armonioso de las distintas actividades productivas. Estas son herramientas cruciales para la prevención de conflictos, el ordenamiento del país y guía para la inversión pública y privada.

TRANQUILIDAD

La población requiere la garantía de que las actividades –sean mineras, agrícolas, turísticas, urbanas o industriales– por desarrollarse en sus zonas tendrán los estándares ambientales y sociales adecuados. Esto implica fortalecer el sector ambiental y hacer confiable el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la fiscalización. En este escenario de generación de confianza, los estudios de impacto ambiental deben ser aprobados exclusivamente por el Minam y por los gobiernos regionales, luego de un proceso ordenado de transferencia. El Ministerio de Cultura debe también institucionalizar mecanismos de diálogo y consulta e impulsar políticas de prevención con enfoque intercultural para atender las demandas históricas de la población indígena: educación, salud, infraestructura, servicio, entre otras.

CRUCIAL CONSULTA

Desde hace más de 16 años la consulta previa es una obligación para el Estado; sin embargo, la ley de consulta a los pueblos indígenas no se promulga. Esto entorpece la consulta de las medidas legislativas o administrativas requeridas por el aparato estatal, y que podrían afectar a las poblaciones indígenas. El Congreso debe realizar las consultas en el caso de nuevas leyes, y los ministerios, gobiernos regionales y municipalidades sobre las medidas administrativas estatales que pueden vincularse con: normas, desarrollo de inversiones e infraestructura que puedan impactar sobre un determinado grupo humano y su medio ambiente. La consulta es, pues, crucial para incorporar la visión y valores de la población al proceso del desarrollo.

Lograr acuerdos es un salto cualitativo para los proyectos de inversión que asegura su sostenibilidad. Los inversionistas conocen el rumbo del desarrollo en el mundo y la importancia de contar con políticas ambientales y sociales serias. Si el Estado Peruano logra establecer políticas públicas fuertes y confiables, generaremos un escenario más estable para las nuevas inversiones.

Es crucial una activa coordinación entre los distintos actores vinculados con la agenda ambiental: todos los niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil. El gobierno debe establecer los lineamientos, indicadores y metas de mediano y largo plazo que permitan medir los avances y rendir cuentas a la ciudadanía.