Hace casi ocho años la Comisión de la Verdad y Reconciliación formuló un conjunto de recomendaciones para afrontar el legado de la violencia. Esas recomendaciones fueron el resultado de una investigación amplia y profunda sobre los orígenes del conflicto padecido, los factores que lo hicieron posible, los crímenes cometidos, los daños ocasionados a las víctimas y los efectos producidos sobre la realidad política y moral del país.

La Comisión consideró que un pasado de tal naturaleza no se podía superar mediante el simple paso del tiempo y, menos aún, por medio de una ignorancia deliberada de los hechos y de las responsabilidades a las que ellos daban lugar. La superación de la violencia demandaba un aprendizaje colectivo: conocer y asumir lo sucedido para, a partir de ahí, tomar decisiones y desarrollar políticas públicas dirigidas a la reforma de nuestras instituciones y a la atención de los derechos de las víctimas.

Las recomendaciones sobre justicia, reparaciones y reformas institucionales tuvieron en su centro de interés, en efecto, a las víctimas y sus derechos vulnerados. Y ello se explica, pues una sociedad no se puede afirmar como democrática mientras ignore la condición de ciudadanos de todo un sector de su población.

Al mismo tiempo, las recomendaciones de la Comisión encerraban un sentido de futuro. Se trataba de actuar frente al pasado para afirmar el camino hacia una paz sostenible. Ello significaba desactivar los factores de exclusión y de autoritarismo que han acompañado a nuestra sociedad durante toda su etapa republicana. Para la Comisión, ello implicaba corregir, mejorar o perfeccionar el trato entre Estado y sociedad, así como el trato que los peruanos, en cuanto seres humanos y ciudadanos, se dispensan mutuamente. Desmontar una cultura autoritaria y construir una verdadera sociedad de ciudadanos, tal era, es, el sentido más amplio de aquellas recomendaciones.

Resulta forzoso reconocer que las propuestas de justicia, reparaciones y reformas han sido muy poco tenidas en cuenta por este gobierno, así como fueron también mayormente ignoradas por el anterior. Es cierto que el ejercicio de la justicia penal es competencia del PJ. Sin embargo, el Ejecutivo tiene muchas tareas que debe cumplir para franquear el camino a la justicia de los tribunales, comenzando por la de proporcionar toda la información necesaria que permita esclarecer los casos de violaciones de DDHH que involucran a personal militar. Al mismo tiempo, posee la capacidad de presentar iniciativas legislativas y facilitar los recursos financieros y materiales para que la tarea de la justicia resulte más efectiva. Nada de eso ha sido realizado en los últimos cinco años. Y ello habla elocuentemente sobre el puesto que la justicia ocupa entre las prioridades del gobierno que ahora termina.

Del mismo modo, las reparaciones han sido manejadas en este quinquenio con un escaso ánimo para cumplirlas bajo la forma de una política efectiva, abarcadora y respetuosa de los derechos de las víctimas. Lo realizado a título de reparaciones colectivas no es solamente insuficiente; es, además, poco ordenado y no cumple con los criterios básicos de coherencia necesarios para hablar de un programa justo, pues no es la pobreza la que debiera determinar las poblaciones a resarcir, sino más bien la intensidad del daño sufrido. Por otro lado, el trabajo de empadronamiento de las víctimas, a cargo del Consejo de Reparaciones, fue durante algún tiempo entorpecido por la falta de recursos. Y en las últimas semanas un decreto que establece de manera unilateral y arbitraria fechas límite para inscribirse como víctima, así como topes muy bajos para las reparaciones económicas, ha reconfirmado la poca seriedad con que esta tarea ha sido asumida por el gobierno.

Finalmente, resulta evidente que las reformas institucionales siguen siendo el aspecto más desdeñado por el Estado. Es como si, obnubilados por el crecimiento económico, se hubiera caído en la tentación de creer que eso es únicamente lo que nuestro país necesita para asegurar el bienestar de sus ciudadanos. Los conflictos locales de los últimos tiempos son clara muestra de lo poco avanzado en materia de corregir las relaciones entre Estado y sociedad.

Es deber del próximo gobierno tomar en serio recomendaciones que son vitales para nuestra democracia. Es responsabilidad, también, de la sociedad organizada redoblar su atención, sus demandas y propuestas para el cumplimiento de tareas que conciernen a todos los peruanos que crean en la democracia.