No opino aquí como miembro de la CIDH. Lo hago solo como un peruano que ha bregado a lo largo de su vida porque imperen la decencia, la democracia y la justicia. Y porque lo que se juega en la votación del domingo es trascendente. Ofrece oportunidades y amenazas a la vez. Si el nuevo gobierno no sintoniza con el curso de la historia y con la exigencia de la gente por más democracia y participación, la estabilidad interna del Perú será una ilusión. Es hora del cambio y la concertación frente al riesgo de retorno al pasado o de polarización hacia el futuro.

Son varios los temas relevantes, pero en dos asuntos medulares está la esencia de lo que 20 millones de electores decidiremos. No parece estar en duda algo importante: debe fomentarse la inversión y el crecimiento económico. Eso es bueno; el asunto es cómo hacerlo. Un primer tema es cómo procesar la herencia de los tiempos siniestros de “poder absoluto” y “corrupción absoluta” de los 90. Nada de eso es un “tema del pasado”. De cómo se maneja esa herencia da la clave de lo que se haría en el futuro.

Tema muy presente en la campaña electoral y que alimenta temores basados en el protagonismo de ciertos personajes de esos años como Martha Chavez o Rafael Rey y la reaparición de estilos amenazantes. En el otro platillo de la balanza está la recuperación democrática desde noviembre del 2000 y de un sistema judicial independiente que, con todas sus limitaciones, ha producido sentencias de trascendencia mundial.

No es asunto de poca monta que frente a la cleptocracia y a los atropellos del pasado se respalde o no lo que la justicia nacional ha hecho. Este tema traza la línea demarcatoria para la dignidad del país, su viabilidad democrática y el ejemplo que se quiera dar –o no– a las futuras generaciones. Cortar los círculos viciosos del atropello desde el poder y de la corrupción es fundamental.

La justicia es la respuesta. Darle continuidad a ese proceso inconcluso con una institucionalidad reforzada es un reto del presente.

El otro asunto es la disyuntiva inmovilismo/cambio frente a la exclusión social y la demanda de participación ciudadana. Este es un asunto medular. No es cuestión de frases o de ofrecer dádivas desde el Estado sino de políticas públicas innovadoras y efectivas frente a la exclusión y frente al estilo vertical de gobernar sin participación de la gente. Gobernar sin procesos de consulta no es viable, es antihistórico y gatilla la conflictividad como se está viendo en el Perú de hoy. Las cosas, pues, aparecen claras. Darle curso a la impunidad de corruptos y asesinos o desatender la demanda ciudadana de participación e inclusión, echaría gasolina al fuego en un país que podría estar en riesgo de polarización. El camino es impulsar el cambio, fortalecer las dinámicas democráticas y articular un gobierno de concertación y unidad nacional. Esta es la disyuntiva del domingo.