– Cuando la palabra Derechos Humanos no aparece en los planes de gobierno de tres de los principales aspirantes entonces hay que preocuparse. El autor hace un minuciosos análisis de este y otros temas importantes.

06 de abril, 2011.- Es cierto que las propuestas y programas no han sido el fuerte de esta campaña electoral. Todo lo contrario: el insulto fácil, la banalización de temas importantes, el cuestionamiento de atributos o conductas personales y las críticas a periodistas y encuestadoras han sido la tónica de una temporada francamente mediocre.

Sin embargo, conviene que, al menos en líneas generales, podamos conocer cuáles son las semejanzas y las diferencias en los planes de gobierno de los cinco candidatos con mayores opciones para ganar la Presidencia de la República. Todos han tratado de diferenciarse, de alguna manera, sea a través de alguna idea fuerza o de presentarse como el opuesto a todos los demás. Veamos hasta qué punto lo han logrado en tres temas vinculados con la institucionalidad democrática.

¿En qué se parecen Keiko Fujimori, Luis Castañeda Lossio y Pedro Pablo Kuzcynski en sus propuestas sobre derechos humanos? Pues en un punto importante: no existen. En sus planes de gobierno no se hace alusión alguna a una agenda mínima sobre la materia.

Ello no es de extrañar en el fujimorismo, dada su trayectoria en estos temas. Pero aparentemente sí lo es en el caso de Castañeda Lossio y PPK, candidatos de partidos democráticos. Aunque conviene recordar que, cuando salió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el ex alcalde señaló que con el dinero que cobraron los comisionados —muchos de los cuales trabajaron ad honorem— se podrían haber inaugurado más obras municipales.

Pero para Alianza para el Gran Cambio es una grave omisión el no haber incluido este punto. Uno de los integrantes de la CVR, Humberto Lay, es el cabeza de lista por Lima. La segunda vicepresidente de la plancha, Marisol Pérez Tello, es profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Y con esta omisión se acentúa la imagen de una derecha democrática poco preocupada por los derechos fundamentales.

Quienes sí coinciden en una agenda mínima, tanto en sus aciertos como en sus omisiones, son Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Ambos proponen medidas en torno a pueblos indígenas, reconocimiento del derecho a la consulta, algunos derechos para la comunidad LGTB y el impulso a las recomendaciones de la CVR. Y los dos postulantes omiten pronunciamiento alguno sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, instrumento principal de política sobre este tópico.

El sistema político: Entre la no reforma y el cambio constitucional
Nuevamente, coincidencias entre Castañeda y Keiko: no presentan propuestas para reformar el sistema político. Sus contrincantes sí apuestan por cambios, unos más ambiciosos que otros.

PPK no presenta estas propuestas en su plan de gobierno, sino en su libro Perú ahora o nunca. Allí propone la reducción de los ministerios a 14, la fusión del MTC y el Ministerio de Vivienda en una sola cartera (Infraestructura), pasar el sector Turismo al Ministerio de Cultura y fusionar los sectores Producción y Comercio Exterior. Sobre el Congreso, critica el número de comisiones, pero no indica cómo reformarlo.

A diferencia de su ex ministro de Economía, Toledo propone la creación de dos nuevos ministerios: Juventud y Deporte y Ciencia e Innovación Tecnológica. A ello se suma el retorno del Consejo Nacional de Descentralización. También se plantea la creación de un Consejo de Estado integrado por los titulares de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos. Se sugiere asimismo un sistema de evaluación continua de metas en el Poder Ejecutivo, el refuerzo de la función de los vicepresidentes como articuladores de políticas, así como el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y el otorgamiento del financiamiento público a ellos.

En lo que se refiere al Congreso, Perú Posible enuncia reformas para mejorar la calidad de las normas y una mejor eficiencia en los procesos parlamentarios, sin indicar puntos concretos.

Por su parte, Humala insiste en una reforma constitucional total. Dejando de lado por un momento las relaciones entre el Estado y las actividades económicas, concentrémonos en los cambios propuestos en el sistema político. Se postula la revocatoria para todas las autoridades, incluyendo al propio Presidente de la República, el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos —igual que Toledo— y la delimitación de las funciones de los organismos electorales.

No es mucho, la verdad, y en realidad sorprende que, con el nivel del Congreso que hemos tenido, no se insista más en la reforma de este poder del Estado.

ste sí es un punto en el que los cinco candidatos tienen algo que decir. Solo que los énfasis son distintos.

El fujimorismo opta por lo micro. Sus únicas propuestas sobre la materia se encuentran en la creación de juzgados de delitos menores para promover soluciones rápidas a este tipo de conductas. En la misma línea apunta el uso de la conciliación para la resolución de conflictos. A pesar del importante número de abogados de su equipo técnico, Keiko Fujimori no presenta reformas mayores sobre la administración de justicia. Tal vez ello se deba al control del sistema judicial durante el gobierno de su padre.

Kuzcynski sí avanza más en este campo y muestra propuestas bastante concretas. Para comenzar, plantea que el Ministerio de Justicia sea un real asesor jurídico del gobierno y con un rol fundamental en la sistematización y difusión del ordenamiento legal del país. Asimismo, se plantea dejar de lado la composición “corporativa” del Consejo Nacional de la Magistratura, pero sin mencionar el nuevo sistema de elección de sus miembros. En lo que se refiere a carrera judicial, se enfatiza en el mérito y en un programa de capacitación de seis meses previo al ingreso a la función jurisdiccional.

Además, PPK enfatiza en el uso de tecnologías de la información para mejorar el seguimiento de los procesos judiciales y las notificaciones, así como en la optimización de los mecanismos de control judicial.

Castañeda apuesta por un cariz más social. Plantea que la Corte Suprema de Justicia debe descentralizarse en salas regionales —sin mencionar cuántas— y que los abogados recién egresados deben reforzar los juzgados de paz y los mecanismos de conciliación y negociación. También se plantean programas gratuitos de orientación jurídica para grupos vulnerables. En lo que se refiere a celeridad judicial, se enfatiza en los programas de arbitraje y conciliación, la implementación del nuevo Código Procesal Penal y el establecimiento de pautas de oralización en procesos civiles y contencioso-administrativos.

Solidaridad Nacional apuesta también por la publicación de todas las sentencias en la página web del Poder Judicial, un sistema de evaluación de criterios jurisprudenciales a cargo de la Academia de la Magistratura —lo que implica una modificación constitucional— y el fortalecimiento de las acciones de la OCMA en el control interno y del INPE en lo penitenciario.

Perú Posible menciona la recuperación del plan de reforma planteada por la CERIAJUS —durante su primer gobierno— como eje de la mejora del sistema de justicia. El problema es que no se nos dice cómo se implementará y qué se priorizará. Al igual que PPK y Castañeda, pone énfasis en la implementación del nuevo Código Procesal Penal como mecanismo de celeridad judicial. En esa línea, resulta acertado el reforzamiento del Ministerio Público para la investigación de delitos complejos.

En política penitenciaria, se buscará acelerar los procesos a los reos sin sentencia y recuperar la autoridad en los penales. Sin embargo, no se explica cómo implementar estas líneas de política.

Finalmente, Gana Perú también toma como eje de la reforma judicial a las recomendaciones de la CERIAJUS, poniendo énfasis en el acceso a la justicia en los sectores más pobres del país, sobre todo en lo que respecta a la justicia de paz y a las barreras idiomáticas o económicas. También plantea incorporar a la justicia militar dentro de la justicia ordinaria, dejar las labores administrativas del Poder Judicial a un cuerpo especializado y fomentar que los mejores alumnos de las facultades de Derecho ingresen a la carrera judicial.

En suma, en los tres temas analizados encontramos que Humala y Toledo son los que apuestan más por reformas institucionales, pero no son lo suficientemente precisos. PPK tiene puntos rescatables, pero también omisiones importantes. Mientras que Castañeda opta por la medianía y Keiko por los silencios por la herencia paterna. El (e)lector tiene la palabra.