Un candidato reclama pena de muerte en su cartelón publicitario, reclamo que ya hemos oído, consternados, en autoridades actuales. Sintetizaré un ejemplo del último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el tema: “El ex juez de la Corte Suprema de EE.UU. John P. Stevens es alguien que ha cambiado de opinión respecto a la pena de muerte. Desde que se retiró de la Corte Suprema ha manifestado públicamente que solo hay un voto que lamenta haber emitido durante sus casi 35 años en la Corte: el voto con la mayoría en la resolución de la causa Gregg V. Georgia de 1976, que permitió la reanudación de las ejecuciones en EE.UU. después de casi un decenio de suspensión: “Creo que hay un voto que cambiaría: fue mi respaldo a la ley sobre la pena capital”. Esta declaración se sumó a la opinión que expresó en la resolución de otra causa de 2008, en la que reveló que, tras más de 30 años en el tribunal de máxima instancia del país, llegó a la conclusión de que la pena de muerte era una cruel pérdida de tiempo. “Basado en mi propia experiencia llegué a la conclusión de que la imposición de la pena de muerte constituye la extinción innecesaria y sin sentido de la vida, con una contribución marginal a todo fin social o público apreciable”. Y añadió que una pena con “resultados tan insignificantes para el Estado es claramente excesiva y cruel”.

Esta crueldad se demostró en la semana previa a la ejecución de Brandon Rhode en Georgia (2010). La mañana de su ejecución, Brandon intentó suicidarse haciéndose profundos cortes en los brazos y el cuello. En el hospital, se consideró que su vida corría peligro pues había perdido la mitad de la sangre. Lo reanimaron, le suturaron las heridas, y lo devolvieron a prisión. Su abogado lo vio allí con el rostro “demacrado, pálido y amarillento”, sujeto a una silla de inmovilización en la que sufría “fuertes dolores e incomodidad”. Desde aquel intento de suicidio y la ejecución hubo varios aplazamientos pero finalmente los tribunales se negaron a suspenderla.