21 de marzo, 2011.- Hay que mirar el bosque, pero también los árboles: en medio del tráfago electoral es oportuno recordar que las propuestas de campaña no pueden soslayar las necesidades y derechos de un gran sector de peruanos y peruanas que históricamente han sido relegados. Nos referimos a las poblaciones indígenas.

Las estadísticas son impresionantes: según un estudio de Unicef, el 78% de quienes tienen como lengua materna el quechua, el aimara o alguna de las muchas lenguas amazónicas vive en la pobreza. En tanto, para la Defensoría del Pueblo, el principal problema de dichas comunidades es la falta de acceso y la baja calidad de los servicios de educación y salud, a lo que habría que sumar la carencia de servicios de agua y saneamiento, electricidad y transporte.

Todo esto indigna y deviene en injusto, en un Estado atrofiado que da por sentado el cotidiano irrespeto a los derechos de esta porción de peruanos. Una lamentable situación que condiciona su desarrollo y ahonda aun más las brechas existentes entre enormes grupos humanos que permanecen y se sienten desconectados del Estado Peruano y de lo que llamamos peruanidad.

El problema tiene también repercusiones prácticas, pues en los últimos años los diversos gobiernos han alentado y desarrollado proyectos de exploración y explotación de recursos naturales (principalmente mineros y de hidrocarburos) en áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias, lo que ha causado serios problemas y hasta enfrentamientos violentos.

El caso de Bagua es emblemático: un episodio cruento y lamentable hasta ahora sin esclarecimiento ni deslinde de responsabilidades. El telón de fondo es un abismo de incomunicación, una ‘negociación’ demasiado larga y con voceros estatales ineficientes, el irrespeto al derecho a la consulta sobre el uso de territorios indígenas que les asiste a las comunidades, así como el desconocimiento de los representantes del Estado sobre la cosmovisión y expectativas de estas.

A todo esto se sumó el aprovechamiento de la desconfianza para inocular elementos políticos e ideológicos que terminaron por desencadenar un sangriento enfrentamiento en el que 24 policías y 10 civiles perdieron la vida.

¿Qué está haciendo el Gobierno y qué plantean los candidatos para integrar a estos peruanos a los valores, usos y normas del Estado Peruano –en el respeto de sus propias tradiciones–, y a la mayor conciencia sobre sus derechos y deberes?

Llaman la atención las contramarchas del actual gobierno sobre una serie de proyectos a los que pretende exonerar del requisito de la auditoría y estudios de impacto ambiental como paso previo a su implementación. No se pueden aceptar estas intentonas de saltar a la garrocha el ordenamiento legal, pues constituyen un abuso y retroceso intolerable para el objetivo de convivencia pacífica y respetuosa entre peruanos.

En cuanto a las propuestas electorales, en general lo que se nota son anuncios genéricos de educación bilingüe, derecho a la identidad e inclusión.

Sin embargo, lo que las comunidades indígenas reclaman y necesitan son propuestas concretas que compatibilicen el derecho a la consulta con las inversiones, el reconocimiento de sus derechos como peruanos, proyectos de titulación serios y los debidos reajustes a la estructura del Estado para incluir de modo permanente a las comunidades indígenas en sus objetivos, metas y presupuestos.

En suma, resulta imprescindible reorientar el debate electoral y los planes de campaña para responder a estos graves cuestionamientos: No podremos lograr un salto cualitativo justo al pleno desarrollo mientras existan grupos de peruanos en el atraso, la desnutrición, el analfabetismo y el ostracismo geográfico.

El Perú que avanzará hacia el Primer Mundo será un Estado inclusivo, justo, respetuoso de sus tradiciones ancestrales y de sus originales pobladores. De otra manera estaremos desarticulando las grandes posibilidades que tenemos como nación.