Esta movilización tiene lugar el mismo día que poblaciones en otras zonas del país (Huila contra la represa El Quimbo o Santander contra Hidrosogamoso o la minería en el páramo de Santurbán) y del continente (Brasil, El Salvador o México) afectadas por represas e hidroeléctricas también protestan por los impactos ambientales y sociales de estos proyectos.
Las diferentes personas reunidas en el día de hoy en Ituango son mineras, estudiantes, campesinas, propietarias de tierras afectadas por el proyecto, transportadoras, mujeres, desplazadas por la violencia o comerciantes.
Según Zuleta, “por más importante que sea el proyecto, no aceptamos que se violen los derechos humanos de una sola persona de la región” y exige que “no nos hablen sólo de lo bueno, sino también de lo malo para poder afrontarlo”.
Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico que fue ideado en las décadas de 1960 y 1970 y su construcción se inició el año pasado. Pretende ser una de los proyectos hidroeléctricos más grandes de Surámerica e iniciar su actividad en 2018.
El proyecto es propiedad mayoritariamente de las entidades públicas Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Empresas Públicas de Medellín (EPM) que prevén una inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares lo que significaría para el gerente de EPM, Federico Restrepo, “el proyecto hidroeléctrico más importante de todos los construidos en Colombia en toda su historia”.
La minería artesanal
Más de 200 personas que extraen oro de manera artesanal en la cuenca del río Cauca asistieron a la jornada de protesta y entre sus reivindicaciones principales está que se haga un nuevo censo de las personas que trabajan la minería de esa manera para que puedan acceder a las compensaciones sociales y económicas como indemnización.
El sector de la minería artesanal denuncia desalojos de sus lugares de trabajo como el sucedido en diciembre de 2010 donde 22 personas fueron expulsadas policialmente de su lugar de trabajo.
Al respecto, el pasado 7 de marzo el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango en su sentencia Nº 013 –T-005 confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ituango sobre una acción de tutela interpuesta por el minero artesanal Luis Egidio Areiza por el desalojo del lugar denominado Tenche en las orillas del río Cauca en el municipio de Ituango.
La sentencia confirma en su integridad que “no se ha vulnerado ningún derecho fundamental [del minero], especialmente el derecho al debido proceso y el derecho al mínimo vital”. Areiza estudia la manera de continuar este proceso judicial.
El sector minero en la zona afectada también denuncia la exclusión de gran parte de las personas que buscan oro de esa manera de un censo hecho “de manera irregular” y como declara el presidente de la vereda La Honda, Miguel Espinosa, exige que se haga uno nuevo que incluya las diferentes modalidades y temporalidades de la minería artesanal.
El sector educativo
Las instituciones educativas Pedro Nel Ospina, Pío Décimo y el Instituto Tecnológico de Antioquia aportaron la mayor cantidad de gente a la movilización entre niñas, niños, jóvenes y profesorado.
Al finalizar la movilización, la rectora de la institución educativa Pedro Nel Ospina, María Victoria Zapata explicó que ésta respondía a “temores, miedos, dudas e inquietudes” de la población y fue muy enfática en exigir “la urgente necesidad de un debate público donde seamos conscientes del impacto negativo de este megaproyecto”.
También denunció los brotes de prostitución que se están originando en la zona alrededor del proyecto y el incremento del consumo y tráfico de estupefacientes que está llegando al casco urbano de Ituango. Asimismo mostró preocupación por el futuro de niñas, niños y jóvenes y sus familias ante el desarrollo del megaproyecto.
Estudiantes del Instituto Tecnológico afirmaron que les habían prometido empleo en Hidroituango pero ahora ven cómo todas las personas que llegan a trabajar no son de la región.
Otros sectores
Areneros, transportadores y volqueteros se hicieron presentes para agradecer al proyecto Hidroituango el desplazamiento a que se han visto sometidos -y con ello la pérdida de trabajo- por la “privatización de las playas” de donde extraen la arena que les incrementa el precio del camión de arena al doble del precio habitual.
El representante de este gremio, Jairo Calle, expresó que mientras antes cobraban entre 300.000 y 400.000 pesos por camión, con los precios que les exige Hidroituango se ven obligados a cobrar unos 800.000 pesos.
Las mujeres organizadas en la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango en voz de Lina Zuleta denunciaron que “todos los proyectos desconocen la perspectiva de género” y alertaron sobre el aumento de la prostitución y la disminución de la atención en los centros de salud.
El comercio local cerró mayoritariamente sus locales durante la marcha y se unió a la protesta para demandar control sobre los nuevos comerciantes y en qué condiciones llegan a la zona.
Fuente: Notiagen