El Congreso de la República, a través de la Comisión Agraria, está intentando llevar adelante procesos de “consulta” sobre la propuesta de una nueva “Ley Forestal y Fauna Silvestre”. Es importante observar que las organizaciones indígenas invitadas han sido muy enfáticas en señalar, que se trata sólo de reuniones informativas y que por ese lado está muy bien, pero que no constituyen proceso de consulta. En las audiencias ya realizadas tanto en Ayacucho, Chiclayo como en Madre de Dios esta posición ha sido una constante.

En Madre de Dios, los pueblos indígenas han sido quizás más claros y varios de ellos han abandonado la audiencia, porque consideran que con su presencia estarían avalando algo que ellos no consideran sea una consulta en los marcos establecidos por el Convenio 169 de la OIT.

El tema es que el gobierno ha querido poner a las organizaciones indígenas en una disyuntiva muy grande: Por una parte, la de aceptar este proceso de “consulta”, pues según los expertos la propuesta de Ley Forestal superaría a la anterior normatividad lo que permitiría proteger a los bosques de la tala ilegal y de otras situaciones que los afectan dramáticamente; o la de permitir que esta situación continúe sino participan en la aprobación de la ley.

Sin embargo las organizaciones indígenas saben perfectamente que siendo urgente una nueva Ley Forestal, ésta debe cumplir con los estándares mínimos que garanticen su derecho a la consulta; y que de aceptar este proceso estarían dando carta blanca a que diversos sectores sigan impulsando metodologías de consultas para cada normatividad legal como viene pasando por ejemplo con la propuesta de Ley de Servicios Ambientales.

En el plano electoral, vemos algunas declaraciones de candidatos en el sentido de que sí consultarán a los Pueblos Indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT. Nos parecería legítimo que digan cómo la van a hacer, ya que como vemos estos días, el gobierno le llama a consulta a simples audiencias informativas.

Dada la importancia de estos temas, más que promesas necesitamos un debate nacional por ejemplo sobre el rol que juegan las industrias extractivas en su impacto al medio ambiente y el derecho a la consulta a los Pueblos Indígenas. Es urgente una agenda electoral que incluya estos temas de gran interés nacional para que sean interiorizados por la población y los políticos; o en todo caso para que luego puedan ser exigidos a las nuevas autoridades. Es pues mucho más importante discutir estos temas que sólo prometerlos.