Tras la muerte de Néstor Kirchner, su nombre fue colocado en las calles de varios pueblos en reemplazo de Julio A. Roca, el general que lideró la Conquista del Desierto.

Territorio Mapuche. El 8 de noviembre de 2010 un editorial del diario conservador La Nación alertaba sobre el peligro revisionista que planeaba, sobre la historia argentina, una moda que pretendía mostrar la Campaña del Desierto de 1879 como un genocidio contra los pueblos originarios y cambiar el nombre de las calles que recuerdan a Julio A. Roca, el general que dirigió la “expedición”. No menos peligrosas resultaban para el diario de los productores agropecuarios la ola de recuperaciones de tierras por parte de comunidades mapuche que ‘asolan’ a los estancieros patagónicos.

“Están preocupados porque ven que el pueblo mapuche ahora pelea por sus derechos”, dice Lefxaru Nawel, del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI). “Ellos quieren que los mapuche sean lo que fueron 50 o 100 años atrás, cuando pasaron de ser dueños de sus tierras a ser peones del estanciero que llegó a usurparlas”.

El 23 agosto de 2002, Rosa Nahuelquir, después de perder su trabajo por la crisis, y su marido Atilio Curiñanco, decidieron recuperar una parcela en Leleque, al norte de Esquel (Chubut), que durante generaciones había pertenecido a la familia de Atilio. No sospechaban a quién tendrían que enfrentar para alcanzar su sueño: nada menos que al gigante textil y del buen rollo multicultural Benetton. Tampoco sospechaban que el conflicto con la empresa italiana se convertiría en un referente de la lucha de los pueblos originarios por la tierra y que estimularía cientos de nuevas recuperaciones.

Mucho menos imaginaban que al rastrear el origen de la supuesta propiedad de Benetton sobre esas tierras quedaría desenterrado uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia argentina. En 1896, 12 años después de que finalizara la Conquista del Desierto, el presidente argentino José Evaristo Uriburu donó 900.000 hectáreas a diez ciudadanos ingleses.

Poco después, estos personajes anónimos traspasaron sus estancias a la Argentinean Southern Land Company Ltd, una “empresa fantasma creada con el único propósito de recibir la donación de esas tierras”, precisa Gustavo Macayo, el primer abogado del matrimonio mapuche. Esta donación, que violaba toda la legislación de la época, se realizó en secreto y así se mantuvo durante más de cien años.

“Una de las teorías más sólidas es que esa donación fue en pago o en recompensa por las armas automáticas inglesas que se usaron en la Conquista del Desierto”, afirma Macayo.

El escándalo desencadenado y la lucha de esta familia mapuche revitalizaría un proceso de revisión de la historia argentina, que tenía que terminar cuestionando la actual distribución de la tierra, “originada precisamente con la Campaña del Desierto”, sostiene el historiador Osvaldo Bayer. Según recuerda el autor de La Patagonia Rebelde, 42 millones de hectáreas fueron entregadas a 1.800 estancieros integrantes de la Sociedad Rural, una organización que cofinanció la Campaña contra los pueblos originarios.

El resultado de la misión militar fueron 14.000 indígenas muertos y alrededor de 14.600 tomados como esclavos. Para los supervivientes empezó “un largo período de indigencia”, cuenta Bayer, ocupando las peores tierras, sin armas legales para defenderse del empuje de los terratenientes. Los que terminaron viviendo en la ciudad, cerca del 60% de la población mapuche actual, tuvieron que instalarse en las periferias urbanas, en los barrios más pobres, “sin posibilidad de desarrollo o acceso a la vivienda”, perdiendo lentamente la identidad, la memoria y la cultura, según cuenta Lefxaru Nawe

Pese a que en la región la Confederación Mapuche Neuquina llevaba trabajando desde la década de los ’70 y el Consejo Asesor Indígena desde los ’80, para Macayo el año 1992 significó un punto de inflexión: “Los pueblos indígenas toman conciencia y se dan cuenta de que no pueden retroceder más de lo que han retrocedido, y si después de 500 años siguen vivos, con posibilidades de repensar su historia y su destino, es porque han tenido una capacidad de resistencia muy grande. Ha llegado el momento en que no quieren retroceder más y quieren empezar a avanzar”.

El primer resultado de este nuevo movimiento es la reforma de la Constitución Nacional en 1994 donde “se cuelan”, según Macayo, nuevos derechos para los pueblos indígenas. Tras la reforma, la Constitución reconoce el derecho a la propiedad y posesión de la tierra que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios, reconoce la personalidad jurídica de las comunidades y la participación en la gestión de sus recursos naturales. Además de incorporar algunos de los derechos indígenas del convenio 169 de la OIT, la nueva carta magna incluye un principio que necesitó casi dos siglos de historia argentina: “La Nación reconoce la preexistencia étnica, cultural e histórica de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, para la Confederación Mapuche Neuquina (CMN) “la falta de legislación y de acciones políticas públicas de alcance nacional”, para hacer efectivos los derechos indígenas, ha provocado que estos principios “formulados con la forma de declaraciones genéricas” no se apliquen en la mayoría de los casos.

Para Gustavo Macayo la importancia de los cambios legislativos residía en la difusión de los derechos indígenas, que se podían constatar “leyendo la Constitución” y en el rango constitucional que adoptan estos derechos, algo que se convierte en una “herramienta jurídica para pelear en un juicio o en un proceso administrativo. Eso empezó a generar cambios y los conflictos empiezan a estallar”.

Parecía claro que para las organizaciones indígenas la reforma era insuficiente. En 1997, una asamblea del Consejo Asesor Indígena en Ingeniero Jacobacci da por finalizada “la etapa administrativa” al comprobar que el Estado no tenía voluntad de cumplir la ley y devolver las tierras usurpadas.

Los conflictos por la tierra se multiplicaron a partir de 2001, no sólo por un proceso de recuperación de la identidad del pueblo mapuche, sino por el incremento exponencial de las presiones económicas sobre las tierras habitadas por las comunidades. A las presiones del negocio turístico e inmobiliario, se le sumó el ingreso de compañías petroleras y mineras a los territorios mapuche, explica Daniel Otal, quien después de su paso por el CAI siguió investigando los conflictos de tierras y trabajando en medios comunitarios y redes de comunicación popular.

Esta presión sobre el territorio también se hizo carne con la llegada de una nueva hornada de estancieros: multinacionales y millonarios europeos y norteamericanos que “han encontrado en los bienes raíces un sitio seguro para tener los capitales, nichos donde con ciertos grados de corrupción necesaria se van convirtiendo en propietarios de grandes extensiones de tierra”, explica Otal. Luciano Benetton, el millonario británico Joe Lewis, el estadounidense Douglas Tomkins, el presentador argentino Marcelo Tinelli o Ted Turner, dueño de un imperio mediático, son sólo algunos nombres de estos nuevos grandes estancieros. Los conflictos con estos nuevos dueños de la tierra no tardaron en surgir.

La estrategia de ampliar las estancias con políticas de hechos consumados es uno de los principales ejes de conflicto.
Entre ellos, el que enfrenta a Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco con Benetton. “Detrás de los colores unidos está esa política de apropiarse de cualquier terreno que esté cerca de la estancia. El predio de Santa Rosa Leleque es un predio fiscal, pero que la compañía en un momento lo incorporó a su estancia”, explica Macayo. A la ocupación de esta parcela por el matrimonio mapuche en 2002, le siguió dos meses después, un duro desalojo. Entonces Rosa y Atilio iniciaron un largo periplo por juicios e instituciones, cartas, entrevistas y hasta un viaje a Roma para hablar con Luciano Benetton.

“A veces nos dicen que somos brutos, que no sabemos esperar… Entonces les demostramos que sí podíamos hacerlo: desde 2004 hasta 2007 esperamos una respuesta. Como no dieron ninguna decidimos volver al lugar”, recuerda Rosa.

El 14 de febrero de 2007 recuperaron una vez más el terreno. En esta ocasión el desalojo no se produjo. “La repercusión que estaba teniendo el caso influyó. Ningún juez quiso agarrar la causa hasta tres meses después de la recuperación. Muchos tenían miedo de salir mal parados en los periódicos”, dice Rosa. La denuncia por usurpación volvió a ser desestimada y hasta el día de hoy permanecen en la tierra de los antepasados de Atilio, a la espera de un nuevo juicio sobre la propiedad.

El caso Nahuelquir-Curiñanco “generó mucha actividad, entre otras cosas actividad legislativa”, dice Macayo. En 2006 se aprobó la Ley Nacional de Emergencia Indígena, que paraliza todos los desalojos hasta que se haga un relevamiento de las ocupaciones actuales de las comunidades. Sin embargo, a cuatro años de la Ley, los desalojos contra los pueblos originarios no han cesado y el relevamiento continúa sin iniciarse en la mayoría de las provincias, señala el informe del ODHPI.

En Neuquén las negociaciones e “intercambio de favores” entre las autoridades provinciales y nacionales han llevado a que el programa de relevamiento se encuentre suspendido. Según denuncia este organismo de derechos humanos, pese a la teórica suspensión de los desalojos, éstos se siguen produciendo por orden de jueces provinciales en un contexto donde “la ley no se aplica”. El asesinato de un indígena qom y un pilagá en Formosa, en el norte argentino, después de cuatro meses de corte de ruta en reclamación de sus territorios ancestrales, es un ejemplo más de la “inacción del Gobierno nacional”, señala Lefxaru Nawel.

La historia de este matrimonio mapuche supuso un segundo punto de inflexión en la lucha de las comunidades por sus tierras ancestrales. “Después de nuestra recuperación muchas comunidades tomaron ese ejemplo, de que se podía luchar, de que se podía volver a la tierra, a la cultura… ”, dice Rosa.

“Muchas comunidades se dieron cuenta de que no podían esperar a que el Estado se mueva”, recuerda Macayo. “La gente se cansa de esperar una ley, una expropiación, y entonces empiezan las recuperaciones. Y cuando una recuperación tiene éxito o no es desalojada inmediatamente y se produce una resistencia también genera y alienta ocupación y resistencias en otros lugares. Si esta familia puede, si esta comunidad pudo, también nosotros podemos. Se empiezan a reagrupar y a formar comunidades y a hacer recuperaciones de lugares históricos que han sido usurpados”.

El día que se cumplían 517 años de la llega de Colón a América, un reportaje publicado en el diario Página12 detallaba las recuperaciones llevadas a cabo en la última década: el Consejo Asesor Indígena había acompañado en los últimos diez años a comunidades mapuche en la recuperación de 160.000 hectáreas, la mayoría en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, Machinchao y El Bolsón. Por su parte, las comunidades que forman parte de la Confederación Mapuche de Neuquén habían recuperado 73.000 hectáreas, principalmente en el departamento de Aluminé.

Para Daniel Otal, los cambios que se han producido en los últimos años van más allá de las recuperaciones. “Al cuestionar el marco de la ley y no asumir el mercado inmobiliario como única forma de resolver los problemas relacionados con la tierra muchas comunidades están resolviendo una ecuación ideológica importante”, argumenta Otal. “Charlando con la gente que concreta las recuperaciones te das cuenta que esta situación produce que se revise el espíritu de la ley, que se venía asumiendo como divino.

Estos gestos de determinación, de resolver los problemas por ellos mismos, los llevó a plantearse hasta la ilegitimidad de la ley. Les llevó a entender que buena parte del parque legal es una construcción de las clases dominantes desde el origen del Estado. Y este aprendizaje es intransferible y se hace palmo a palmo. Permite reconstruir una legitimidad cuestionando la ley sin sentirse delincuentes sino con todo el derecho. Éste es un pavimento ideológico de construcción social muy fuerte, que se ha afirmado en estos procesos de recuperaciones”. Para ellos la historia nunca volverá a ser la oficial.

Después de 15 años de reclamos judiciales, el 5 de mayo de 2008 la comunidad Quintupuray, acompañada por el CAI y FM Alas, recuperó el territorio, entrando en una etapa de nuevos conflictos entre los intereses inmobiliarios, la provincia y hasta con uno de los nietos de Lucinda Quintupuray, asociado al negocio. “Todo un proceso de organización y comunicación llevó a que de momento abandonaran la idea de seguir adelante con ese proyecto”, dice Otal.

Vuelta del Río es una comunidad ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, asentada en una reserva repartida por el presidente Julio A. Roca a supervivientes de la Campaña del Desierto. Esta reserva, llamada Cushamen, la mayor en la provincia, fue constantemente atacada por terratenientes y comerciantes que obtuvieron títulos de propiedad sobre esos terrenos.

“Yo estoy trabajando en el tema desde hace 16 años, pero ellos lo sufren desde hace 30 años, cuando no tenían ni siquiera un asesoramiento, y eran directamente violentados por los estancieros”, recuerda Macayo. “No sólo los expulsaban y entraban en el territorio cuando querían sino que se llevaban los animales, como si fueran los propietarios. Y los habitantes, siendo los auténticos dueños del lugar, estaban como extranjeros en sus tierras. Ahora eso ha cambiado, los estancieros ya no pueden entrar ni continuar con los atropellos, porque la comunidad no lo permite. Ahora la comunidad es consciente de que están en su legítimo lugar, la comunidad ha crecido en identidad, se ha apropiado de su lugar, de su lugar en la historia, y eso ha cambiado completamente el equilibrio de fuerzas”.

En el año 1994 se inició una demanda de desalojo contra algunas familias de Vuelta del Río, que fue resuelta a favor de la comunidad en primera y segunda instancia. En ese período la comunidad fue reconocida jurídicamente tanto por el Estado provincial como por el nacional. “Las otras comunidades”, relata Macayo, “al ver que una comunidad logró rechazar un desalojo, al ver que los derechos indígenas fueron reconocidos en una causa, en una sentencia, por primera vez en la vida, comenzaron a movilizarse, porque hay mucha gente que vive situaciones similares o que ha sido desalojada de forma parecida. Y entonces ve que hay una posibilidad de recuperar lo perdido o de mantener lo que se tiene”.

El caso Benetton no fue la única recuperación inspiradora. Golpeada por la crisis económica, Fidelia Aypallán, una mujer mapuche de 57 años, se enfrentaba a todos los poderes locales y después de pedir durante siete años una parcela de tierra donde cultivar y poder vivir “una vida digna” decidía ocupar un terreno. “Me dijeron que no, seguí insistiendo, seguí recorriendo, viendo lugares, y un día de cansancio, ya agotada, porque todo lo que hacía no me alcanzaba decidí que tenía que hacer algo”, recuerda.

El 25 de septiembre de 2002, Fidelia junto con cuatro familias ingresó al terreno de una escuela abandonada cercana a El Bolsón (Río Negro), perteneciente al municipio, donde se había empezado a construir un campo de golf. Entró para quedarse.

“De una parte recuperé mi vida, mi salud, partes de nuestra cultura, estar con la naturaleza siempre. Te cansas, haciendo cosas, acá y allá, pero lo más importante es que a mí nadie me viene a decir a tal hora tenés que comer, a tal hora tenés que levantarte, no tengo horarios, no me manejan, no tengo patrón”.

En agosto de 2004, el juez de Bariloche Emilio Riat dictaba una sentencia inédita en el país: pese a que la familia Sede tenía unos títulos de propiedad obtenidos durante la gestión del gobernador de Río Negro Horacio Masaccessi en los ‘90, el juez reconoció que la posesión de la familia mapuche encabezada por Ernesto Napal y Herminia Vila era anterior a los títulos de los estancieros, incluso “anterior a la formación misma del Estado que los confirió”. El juez Riat señaló que la propia Constitución Nacional admite desde 1994 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.

El 12 de noviembre de 2010 la comunidad mapuche Las Huaytecas recuperó un terreno de 300 hectáreas, situado entre Bariloche y El Bolsón. Su propietario legal, el abogado José Luis Martínez Pérez, está sujeto a una investigación penal por supuestos beneficios en el traspaso irregular y a precios irrisorios de tierras fiscales a manos privadas, algo prohibido en la legislación.

Este territorio había sido ocupado 12 años antes por EMFORSA, una empresa forestal de capitales públicos y privados. Según relata Daniel Otal, experto en conflictos de tierras en Río Negro, los programas de promoción forestal subsidiados por el Banco Mundial o el BID han sido frecuentemente también un “truco administrativo” para traspasar tierras fiscales a capitales privados, muchas veces con familias mapuche dentro.

“La empresa con sus ingenieros forestales pedía una determinada cantidad de territorio fiscal, forestaba y después de tener la forestación hecha y de haber cobrado el subsidio tenía la posibilidad de legalizar sus mejoras y pedir la propiedad de la tierra. Todo esto con la gente dentro y sin saberlo”.

El 18 de diciembre de 2000 la comunidad Casiano-Epugmer recuperó 9.000 hectáreas en Quetrequile, en la provincia de Río Negro. La familia sirio-libanesa Abi Saad, usurpadora de las tierras, había sido denunciada por acaparar territorios indígenas en varios puntos de la región. Después de siete años de litigio, en 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la comunidad mapuche Casiano-Epugmer, ordenando a la justicia rionegrina que reconozca de forma definitiva el territorio tradicional de la comunidad.

En los alrededores de Bariloche, en uno de los lugares más codiciados por el mercado inmobiliario, a escasos siete kilómetros de uno de los hoteles más lujosos del país, el Llao Llao, ha vuelto a ondear una bandera mapuche. Se trata de la recuperación de la comunidad Tacul Cheuque. Ismael Tacul llegó a la zona en 1889, donde se casó con Jesusa Cheuque. La ley del momento les concedió 625 hectáreas en la península de Llao Llao, y allí están sepultados sus restos, así como los de muchos familiares. Con la creación del Parque Nacional en 1930 empiezan los problemas. Y los desalojos.

María Fresia Tacul, de 80 años, vivió en ese terreno hasta que fueron expulsados. Ahora ha vuelto junto con la comunidad mapuche Takul-Cheuque, compuesta por seis familias. Con una precaria casa de madera vuelven a ocupar el terreno que siempre les perteneció

El Diario de Madryn informaba recientemente que más de 289.000 hectáreas pertenecientes a 17 comunidades de la provincia de Chubut obtuvieron sus títulos de propiedad tras un estudio del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Aunque algunas comunidades han recibido títulos de propiedad comunitarios, gran parte de las comunidades poseen títulos individuales.

Daniel Otal señala que ésta es otra de las tácticas del mercado inmobiliario para transferir terrenos públicos a manos privadas. Dar el título de propiedad “es el paso obligado para convertir una tierra fiscal en una propiedad privada.

En Río Negro, la Dirección de Tierras no puede dar el título de propiedad a alguien nuevo, se lo tiene que dar en todo caso a quien vivía allí. Consiguen el comprador y hacen el negocio hasta el momento previo”. Luego, “con presiones, con amenazas, con un proceso extorsivo en el que ponen al poblador en el lugar de que si no se va está eligiendo que su familia lo siga pasando mal”, consiguen que venda, traspasando las tierras recién tituladas al negocio inmobiliario, en la mayoría de los casos a precios bajísimos.

En 2009 comunidades mapuche de Aluminé (Neuquén) ocuparon una franja de tierra de la concesión del empresario italiano Doménico Panciotto, en la costa del lago Pulmarí.

Los mapuches argumentan que esas tierras les pertenecen ancestralmente y aseguraron que planean instalar una Universidad Intercultural en un lujoso hotel. Los integrantes de esta recuperación señalaban que “este resguardo es fundamental para la concreción de nuestra Universidad Intercultural, a construir con las organizaciones sociales y de derechos humanos, conscientes de la necesidad de generar un mundo mejor para todos”.

Al mismo tiempo, las comunidades exigieron al gobierno provincial que se siente “a dialogar con las autoridades mapuche en Pulmarí para resolver los diversos conflictos territoriales en la zona. La ley nacional 26.160 de relevamiento territorial para comunidades indígenas, con presupuesto propio, debe ser asumida como una herramienta para este objetivo”.

En septiembre de 2009, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la localidad de Loncopué (Neuquén) y la comunidad mapuche Mellao Morales consiguieron frenar la explotación de la compañía china Emprendimientos Mineros SA proyectada en el cerro Campana Mahuida, a 15 km del pueblo y muy cercana del poblado mapuche. Después de una masiva movilización en la ciudad y en la comunidad, el 28 de septiembre de 2009 una jueza paralizó el emprendimiento por irregularidades en la venta de la mina, a la espera de un nuevo juicio. Vecinos de Loncopué y mapuches de Mellao Morales festejaron el fallo “como si Argentina hubiera ganado el mundial de fútbol”, recuerda Adriana Milán, de la Asamblea de Autoconvocados.

Desde hace diez años la comunidad Lonko Puran, ubicada a 30 km de Cutral Co, sostiene una fuerte resistencia frente a la acción de las grandes petroleras. Primero se enfrentó a Pioneer Natural Resources y actualmente a su sucesora Apache Corporation, según detallan en el estudio Patagonia Petrolera los periodistas Hernán Scandizzo y Marc Gavalda.

Desde el momento en que se iniciaron los bloqueos para frenar las perforaciones en sus campos de invernada la comunidad vivió duras represiones, como la sufrida el 28 de diciembre de 2004, y larguísimos procesos penales. Un proceso parecido, pero de mayor violencia se produce en la comunidad Huenctru Trawel Leufu contra la Petrolera Piedra del Águila, que comenzó a operar en 2007.

Los piquetes que impedían el ingreso a la planta de gas no tardaron en ser reprimidos por personal contratado por la empresa, la burocracia sindical y punteros políticos del partido oficialista de la provincia, que llegaron a incendiar coches y viviendas y a amenazar con armas de fuego a integrantes de la comunidad. La Petrolera Piedra del Águila tuvo que paralizar sus labores por la falta de acuerdo entre las autoridades provinciales y la representación mapuche.