Alberto Vergani, representante de Cofepor, admite que la zona ha sido alterada, pero asegura que en dos años, gracias al programa de forestación que su empresa ejecutará, los bosques renacerán.

“Esto es una consecuencia del primer impacto del aprovechamiento y manejo sostenible del bosque, pero todo cambiará en uno o dos años. Nuestra labor es seguida por el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (Osinfor) y el Ministerio del Ambiente. Si pasado un año, no cumplimos con el plan de reforestación, no nos permitirán pasar a la siguiente fase, parcela de corte anual (PAC)”, señaló.

Para Eduardo Neuhaus, director de Copefor, el problema radica en que los caseríos de Getsemaní y Garzayacu han sido reconocidos ilegalmente por el Gobierno Regional de Amazonas, cuando la zona pertenece a la región San Martín. Ambos caseríos –según su versión– no tienen más de 130 familias y cada uno reclama alrededor de 6 mil hectáreas que están dentro de su concesión.

“La controversia entre los dos gobiernos regionales nos está afectando tremendamente. Nuestra concesión está en el área que pretende Amazonas, cuyas autoridades promueven la invasión de nuestros terrenos para luego hacer un plebiscito y apoderarse de ellos”, señaló.

Neuhaus dijo que recién el año pasado, luego de cinco años, pudieron llegar a su concesión luego de hacer más de 40 kilómetros de carretera y montar una planta en la ciudad de Rioja con hornos de secado para darle valor agregado a la madera.

Señaló que desde que llegaron al lugar se han enfrentado a las mafias de los traficantes de terrenos, la agricultura migratoria, malas autoridades y la tala ilegal de madera, que en muchos casos es sacada de su propia concesión por invasores.

“Los pobladores de Getsemaní y Garzayacu han amenazado con quemar nuestras maquinarias y atentar contra nosotros. Todo eso lo saben la PCM, la Defensoría del Pueblo y las autoridades del departamento de San Martín”, puntualizó.

Una tensa calma reina en el límite de los departamentos de San Martín y Amazonas, en plena selva peruana. La quietud, sin embargo, podría romperse si las autoridades del Ejecutivo y los gobiernos regionales respectivos no intervienen oportunamente para impedir un conflicto social de enormes proporciones.

Según ha podido constatar El Comercio en un viaje realizado hace tres semanas a esas zonas, siete caseríos se organizan para impedir que la Compañía Peruana Forestal (Copefor) continúe talando una enorme extensión de bosques en virtud de un contrato firmado con el Estado Peruano hace siete años. Este caso es de conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los pobladores, que suman alrededor de tres mil, pertenecen a los poblados de Getsemaní, Garzayacu, Palmeras, Los Ángeles, Luz del Oriente, Pampa Hermosa y Nuevo Mendoza.

Alberto Vergani Chávez, director y representante legal de esa empresa, rechazó las pretensiones y exigencias de los campesinos de esos caseríos. Dijo que no abandonarán la zona y harán valer sus derechos , incluso apelando al apoyo de la policía, tal como lo establece el contrato firmado en febrero del 2003 con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), que entonces jefaturaba César Álvarez Falcón.

De acuerdo con el convenio, la concesión es por 45 años, los que pueden ser renovados por la misma cantidad de tiempo si ninguna de las partes lo denuncia. Copefor ha invertido 6 millones de dólares y tiene campamentos y áreas de trabajo en las 47 mil hectáreas que le fueron concedidas en concurso público.

Sin embargo, los campesinos aseguran que la tala de los árboles, aun cuando está amparada en un contrato vigente, está afectando el ecosistema y las tierras donde están asentados desde el año 2000.

Este Diario comprobó que las hectáreas trabajadas por Copefor –alrededor de 500, según la empresa– parecen campos de batalla. A simple vista, pareciera que la tala de los arbustos –principalmente de las especies cedro y romerillo– se estaría haciendo de manera poco técnica.

“Aquí ya no crecerán ni siquiera bejucos. Menos lo harán los romerillos y los cedros. Estos árboles son muy orgullosos y se niegan a crecer si son sembrados como plantones traídos de otros sitios, tal como pretende Copefor”, dijo Marco Risco, profesor y campesino de Getsemaní.

Los enormes vehículos que apoyan y realizan el cortado y el remolque de los árboles han removido decenas de metros cúbicos de tierra cultivable y han alterado el curso de las nacientes de las aguas que discurrían desde las alturas hasta los cauces de los ríos Porotongo y Saposoa.

Es evidente que las amplias extensiones de tierras trabajadas han quedado seriamente afectadas. En los lugares recorridos se aprecian enormes huecos, surcos, hendiduras y montículos de tierra por todos lados infestados de insectos. Las aguas de las lluvias han quedado empozadas al no tener desfogues naturales o artificiales hacia los ríos.

Otras especies tampoco se han salvado de la incursión. A nuestro paso encontramos restos de orquídeas que fueron arrasadas por las sierras eléctricas y el paso de la pesada maquinaria. El ecosistema también ha sufrido modificaciones. Según los pobladores, animales y aves silvestres como monos, añujes, sajinos, loros, entre otras especies, se han ausentado y han emigrado.

“En dos años todo renacerá”
Alberto Vergani, representante de Cofepor, admite que la zona ha sido alterada, pero asegura que en dos años, gracias al programa de forestación que su empresa ejecutará, los bosques renacerán.

“Esto es una consecuencia del primer impacto del aprovechamiento y manejo sostenible del bosque, pero todo cambiará en uno o dos años. Nuestra labor es seguida por el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (Osinfor) y el Ministerio del Ambiente. Si pasado un año, no cumplimos con el plan de reforestación, no nos permitirán pasar a la siguiente fase, parcela de corte anual (PAC)”, señaló.

Para Eduardo Neuhaus, director de Copefor, el problema radica en que los caseríos de Getsemaní y Garzayacu han sido reconocidos ilegalmente por el Gobierno Regional de Amazonas, cuando la zona pertenece a la región San Martín. Ambos caseríos -según su versión- no tienen más de 130 familias y cada uno reclama alrededor de 6 mil hectáreas que están dentro de su concesión.

“La controversia entre los dos gobiernos regionales nos está afectando tremendamente. Nuestra concesión está en el área que pretende Amazonas, cuyas autoridades promueven la invasión de nuestros terrenos para luego hacer un plebiscito y apoderarse de ellos”, señaló.

Neuhaus dijo que recién el año pasado, luego de cinco años, pudieron llegar a su concesión luego de hacer más de 40 kilómetros de carretera y montar una planta en la ciudad de Rioja con hornos de secado para darle valor agregado a la madera.

Señaló que desde que llegaron al lugar se han enfrentado a las mafias de los traficantes de terrenos, la agricultura migratoria, malas autoridades y la tala ilegal de madera, que en muchos casos es sacada de su propia concesión por invasores.

“Los pobladores de Getsemaní y Garzayacu han amenazado con quemar nuestras maquinarias y atentar contra nosotros. Todo eso lo saben la PCM, la Defensoría del Pueblo y las autoridades del departamento de San Martín”, puntualizó.