Del 2005 al 2009 la transferencia del canon minero, petrolero y gasífero a las universidades nacionales ascendió a S/. 829 millones, de acuerdo a información del MEF procesada por el Grupo Propuesta Ciudadana (1). Las universidades que más recibieron fueron la del Santa y Antúnez de Mayolo (Ancash), seguidas de la San Antonio de Abad (Cusco), Jorge Basadre (Tacna) y Cajamarca (ver cuadro).

Estas transferencias se establecen en la Ley 28077 del 2003 que dice: del 25% del canon que reciben los gobiernos regionales, deberán entregar el 20% de ese monto “a las universidades públicas de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica que potencien el desarrollo regional” (Art. 4).

Además, la Ley de Presupuesto del 2009 estableció que se pueden aplicar esos montos en el financiamiento y cofinanciamiento de investigaciones de ciencia aplicada relacionadas con la salud pública, la sanidad agropecuaria, preservación de la biodiversidad y el ecosistema y para la utilización de energías renovables y procesos productivos.

Cuando se analiza la ejecución presupuestal se aprecia, de un lado, que no se programa el íntegro de los montos transferidos y, de otro, que los avances en la ejecución varían según las universidades.

La cuestión central es que la inversión en ciencia y tecnología es una condición clave para potenciar la competitividad de las regiones, motivo por lo cual es de importancia que las universidades pongan en marcha planes de investigación y desarrollo, así como toda una serie de capacidades que permitan lograr el uso eficiente de las transferencias.

Para Javier Sota Nadal, debemos seguir el ejemplo de Brasil, México y Argentina, donde las universidades públicas llevan a cabo el grueso de la investigación en ciencia y tecnología, pero también recurren a diferentes formas de asociación con otros agentes públicos y privados. Una de ellas puede ser la puesta en marcha de fondos concursables que atiendan las demandas de las regiones, de las municipalidades y de las empresas.

Debe implementarse, por tanto, un Programa de Desarrollo de la Universidad Pública, lo cual no ha estado en la agenda de los recientes gobiernos, que más bien han optado por aprobar, a diestra y siniestra, una gran cantidad de nuevas “universidades” privadas muchas de ellas de dudosa reputación.

Propuesta Ciudadana agrega: “una manera de recuperar las capacidades institucionales y de investigación es establecer convenios y alianzas estratégicas con otras universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros”. En otras palabras, abrir la cancha a nuevos actores, lo que también implica una discusión sobre la actual ley del canon (eso será materia de otro artículo).

Como se aprecia, existen propuestas para repotenciar a la universidad pública, las que deben estar en la agenda de los programas de gobierno. De otra manera se corre el riesgo de que ganen terreno las propuestas limeñas “recentralizadoras” que lo único que quieren es privar de los ingresos del canon a las universidades públicas.