El estudio fue realizado de forma multuidisciplinaria por el Centro Nacional de Salud Ocupacional del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), entidad del Ministerio de Salud.
La suspensión fue comunicada por María del Carmen Castañaga Ruiz, directora del CENSOPAS, mediante un fax enviado al Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente.
Los pobladores que llegaron desde muy lejos a la sede regional de Ancash vieron frustradas sus expectativas de conocer públicamente las conclusiones del informe.
En una reunión relámpágo acordaron exigir al Ministro de Salud la presentación pública del estudio en un plazo máximo de 15 días.
Cuestional al fiscal
Los pobladores y comuneros de Juprog, organizados en la Comisión de Medio Ambiente (COMEA), denunciaron la actitud encubridora y parcializada de Carlos Augusto Rodríguez Martínez, Fiscal Provincial para la Prevención del Delito.
Expresaron que la citada autoridad decidió denegar la acción penal contra la Compañía Minera Antamina y envió al archivo definitivo una denuncia por contaminación ambiental agravada.
Los pobladores se encuentran indignados por cuanto la denuncia fue sustentada con estudios realizados por las propias instituciones del estado como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
Tanto el presidente de la comunidad y del COMEA Juprog manifestaron que detrás de ambos hechos -la decisión del Fiscal así como la postergación del informe- estaría la mano de la Compañía Minera Antamina.
Los pobladores y dirigentes reunidos en Huaraz acordaron denunciar en la via administrativa la parcialidad del Fiscal Provincial Especializado de Prevención del Delito de Ancash y realizar una conferencia de prensa en el Congreso de la República.
Asimismo, anunciaron que elevaran una queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los atropellos de Minera Antamina que afectan la salud y el bienestar de la población con la complicidad de las autoridades.
Fuente: Servindi