Por Martín Khor
En el marco del Protocolo de Kyoto, los países desarrollados acordaron reducir el conjunto de sus emisiones en 5% para 2012, comparado con los niveles de 1990, y luego negociar nuevas tasas de reducción en un segundo período que comenzaría en 2013.
Los países en desarrollo reclaman una reducción del 40% al 50% para 2020 (comparado con 1990). Dentro de este objetivo conjunto, cada país desarrollado haría entonces un compromiso que resulte adecuado.
El problema es que muchos de los países desarrollados quieren abandonar el Protocolo de Kyoto, el único acuerdo sobre cambio climático jurídicamente vinculante.
En Tianjin, sólo Noruega indicó claramente que quería continuar con el Protocolo de Kyoto, en tanto la Unión Europea dio un tibio asentimiento y Japón anunció explícitamente que no apoyaría un segundo período de compromisos en el Protocolo.
La mayor batalla en las negociaciones se libra sobre el modelo de los compromisos de reducción de emisiones de los países desarrollados: el modelo del Protocolo de Kyoto de una cifra conjunta legalmente vinculante con reducciones nacionales adecuadas o el sistema de compromisos voluntarios sin una cifra conjunta y sin un sistema que asegure números adecuados para cada país.
Con este panorama, los países en desarrollo encuentran inaceptable que los países desarrollados insistan en que acepten un sistema internacional invasivo de “monitoreo y verificación” de sus medidas de mitigación.
Las buenas noticias que llegan de Tianjin es que hubo cierto avance en la creación de un nuevo Fondo para el CLima dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La mayoría de los delegados confía en que esto será aceptado en la conferencia de noviembre en Cancún.
Fuente: Diario La Primera