El allanamiento, que acepta las observaciones formuladas por el Presidente de la República, Alan García Pérez, y modifica el texto originario de la autógrafa, ha sido duramente criticado por todas las organizaciones indígenas y especialistas en el tema.

Para la aprobación del allanamiento se requiere, al parecer, votación favorable en mayoría simple.

De aprobarse el allanamiento, se configuraría un problema jurídico que deberá resolverse en el Tribunal Constitucional o previsiblemente en instancias internacionales debido a los aspectos inconstitucionales y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas que contiene el dictamen de la Comisión de Constitución.

En conferencia de prensa pasada, las organizaciones indígenas peruanas habían invocado al Congreso votar por la insistencia de la ley, en referencia al dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.

El dictamen de insistencia, es decir, el rechazo a las observaciones del Presidente de la República a la ley y la reiteración en el texto originario de la autógrafa, pasaría a debatirse en el Pleno siempre y cuando los parlamentarios rechacen el dictamen de la comisión principal.

La aprobación de una insistencia requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas.

A pesar de ser una ley de mucha trascendencia para el país, el gobierno no ha mostrado buena fe en sus intenciones de aprobarla, plasmadas en sus observaciones a la autógrafa y que para los especialistas de CAAAP responden a un “interés político de escaso análisis jurídico” (ver: http://www.servindi.org/actualidad/27780)

Para Bartolomé Clavero “si el Perú considera la necesidad de tener una ley que desarrolle el derecho a la consulta, el Estado peruano no podría aprobar una norma que no cuente con la legitimidad de los pueblos indígenas y que vaya en contra del Convenio 169?, precisa (ver: http://www.servindi.org/actualidad/29554)

Antes del debate de la Ley de Consulta, está previsto la discusión de tres iniciativas. Una que modifica el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal, otra que modifica los artículos 47, 48 y 53 del Código de Ejecución Penal sobre beneficios penitenciarios, y la que modifica la ley 29010 que faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la policía.