Servindi, 29 de junio, 2010.- Las comunidades indígenas agrupadas en el Ayllu Jesús Machaca, en la región de Potosí, ejercerán su derecho a la libre determinación al ejecutar un plan propio de desarrollo originario.

El plan se desarrolla en beneficio de las comunidades afectadas por el proyecto minero San Bartolomé de la empresa Manquiri.

Esto luego que la organización indígena y la empresa Manquiri lograron conciliar una compensación de 1,6 millones de dólares a favor de los indígenas por los impactos sociales y ambientales ocasionados por la minera.

El representante del Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (CAOP), Leandro Tapia, aseguró que “este es un triunfo de los pueblos indígenas y originarios para el respeto de nuestros derechos humanos”.

“Nuestro plan de desarrollo es administrado directamente por nuestro Ayllu y responde a nuestra propia cosmovisión basada en cuatro pilares: social, ambiental, cultural y económico y que debe ser atendido integralmente no parcelado”, manifestó Tapia.

El acuerdo entre la empresa y el ayllu, llegó luego que los indígenas presentaron una queja internacional ante la agencia financiera internacional (OPIC), afiliada a la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Dicha institución financiera, exigió el respeto a de los derechos de los pueblos indígenas como condición para la aprobación de un seguro de riesgo político de 54,35 millones de dólares para el proyecto minero San Bartolomé que se desarrolla en los flancos del Cerro Rico de Potosí.

Carlos Mamani, presidente del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, dijo que “el caso de San Bartolomé muestra que los pueblos indígenas cuentan con varios mecanismos internacionales de protección de sus derechos”.

“Pueden recurrir a estos mecanismos cuando los Estados no prevean salvaguardas o tengan administraciones subordinadas a los intereses del extractivismo transnacional que les dificulte cumplir sus obligaciones de protección de sus pueblos”, indicó.

El responsable de la relatoría sobre derechos indígenas e industrias extractivas en Latinoamérica, señaló, además, que muchos conflictos se podrían prevenir si se aplicaran oportunamente los instrumentos del sistema internacional sobre negocios y derechos humanos, al cual se vienen plegando cada vez mas empresas así como instituciones financieras.

Antecedentes

Segun la agencia AINI, en Bolivia existen varios antecedentes de solución de conflictos a través de la conciliación entre empresas y pueblos indígenas.

Actualmente, los pueblos indígenas y originarios demandan al Estado que se cumpla correctamente el derecho a la consulta y que los impactos sociales y ambientales sean evaluados correctamente en los proyectos mineros y petroleros.