La iniciativa congresal para contar con un ministerio de la cultura, cuya creación prometió este gobierno en julio del 2008, responde a una aspiración largamente postergada.

En un país como el nuestro, con tan rica tradición e historia, esta cartera podría ser positiva si desde su origen se pone a disposición de la formulación, planeamiento, ejecución y fiscalización de políticas nacionales que desde el Estado incentiven el desarrollo cultural en todos sus alcances y manifestaciones, revaloren las ciencias y las artes, así como a sus valiosos exponentes.

En la práctica, los gobiernos han renunciado históricamente a la promoción de la cultura, convertida en el patito feo de las urgencias nacionales. Para empezar, no existe una política cultural, clara y definida que ponga en valor nuestro patrimonio histórico, arqueológico y artístico.

En su lugar, esta tarea ha sido asumida por el sector privado, universidades, asociaciones, cámaras e instituciones de la sociedad civil y los propios artistas que, con mucho sacrificio, creatividad y tesón, son los verdaderos gestores de la producción artística y la investigación científica. Ellos también deberán ser convocados, en beneficio de la articulación de esfuerzos y más aun ahora que se discute reconocer sus aportes a través de una ley de mecenazgo cultural.

Por definición, el arte es libre, autónomo e independiente, pero ello nunca debió implicar ni el abandono del Estado ni la burocratización de la gestión pública en un ámbito al que se destina escasos recursos para promoción cultural.

Si el Congreso decide aprobar la creación de este ministerio, el actual gobierno —o el que viene— tendrá que cautelar que la nueva y promisoria entidad no repita los vicios del pasado y más bien lidere el despegue cultural.

En principio, como hemos reiterado ya, deben cumplirse dos condiciones básicas: no generar más burocracia ni gasto; y vincularse con la promoción del turismo, sector que incluso podría contribuir a su financiamiento. Además tendrá que aglutinar a algunos organismos públicos, adscritos hoy al sector Educación y a otros sectores, como el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Radio y Televisión Peruana, la Academia Mayor de la Lengua Quechua y el Archivo General de la Nación, que actualmente generan recursos propios.

En lo que va del nuevo siglo, la idea de un ministerio de cultura ha rondado a los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y al actual, que puede hacerla realidad.

Para eso debería retomar el estudio elaborado e el 2001 por un grupo de expertos, que determinó que un ministerio de la cultura en el Perú tiene que cumplir las siguientes tareas: promocionar las actividades artísticas y culturales en el ámbito nacional; conservar y proteger el patrimonio histórico, una de nuestras principales fortalezas como nación, colectividad e identidad nacional; y sobre todo determinar una política cultural, inclusiva e identificada con la peruanidad que nos defina como país.

El reto es fomentar la creación artística, elevar el desarrollo intelectual y contribuir a la mejora de la educación de las nuevas generaciones.