Los datos fueron proporcionados por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) y el Foro Boliviano Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade).
Otras tres áreas son también afectadas por la actividad minera: Apolobamba, Eduardo Avaroa y San Matías. En total, son 12 los territorios indígenas que sufren los efectos de la explotación de recursos naturales no renovables.
Además, Tunari, Sajama, Cotapata, Otuquis, Tipnis y la Estación Biológica del Beni ya tienen otros problemas como: la apertura de caminos, la deforestación, la tala indiscriminada de árboles, la expansión de cultivos de coca, la caza de especies silvestres, chaqueos y desmontes.
Consulta y extracción de recursos
Rafael Quispe, apu mallku del Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), denunció que el gobierno boliviano tiene la intención de restringir la consulta indígena.
Pese a que el gobierno de Evo Morales lo desmintió, se supo que el Órgano Ejecutivo elabora dos reglamentos de consulta indígena en materia de hidrocarburos y de minería.
El primero es una modificación al existente con la intención de colocar límites a la indemnización, entre 0,5 y 1,5 por ciento de las inversiones.
El segundo determina que es el Estado boliviano el que en última instancia tiene la palabra para autorizar o negar la exploración y explotación minera.
En 2009 se concluyeron seis procesos de consulta para la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en territorios de los pueblos del norte de La Paz como los Weenhayek, Lecos y Mosetenes, comunidades campesinas y en regiones de Alto Parapetí, donde están los guaraníes.
Los recursos de compensación por explotación de recursos hidrocarburíferos son utilizados en proyectos agropecuarios, artesanía y ganadería, explican los representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
Fuente: Servindi