Un año después de la tragedia del 5 de junio de 2009 en Bagua, en la que murieron 34 personas –25 policías y 9 indígenas–, es un momento oportuno para evaluar lo ocurrido con la perspectiva de que ayude a entender la profundidad de la naturaleza del problema en lugar de las versiones interesadas que quieren poner toda la responsabilidad en el dirigente amazónico Alberto Pizango.

Pizango –cuyo asilo nicaragüense terminó por una decisión que parece negociada con el gobierno y la justicia– tiene, sin duda, responsabilidad en la tragedia por la intransigencia que mostró, pero sería injusto cargarle toda la culpa a él, como pretenden el gobierno y sus pregoneros.

El informe en minoría presentado por el congresista Güido Lombardi sobre la tragedia de Bagua constituye un balance valioso para ponerla en el contexto de una interpretación de largo plazo y alejada del uso político, sin que ello implique eludir la precisión de responsabilidades de esta falla institucional.

Según ese enfoque, la tragedia del 5 de junio no es sino la culminación de una larga serie de conflictos y desencuentros, el mayor de los cuales radica en la falta de representatividad de la población indígena y en su dificultad para hacerse escuchar. Por ello, un desafío para enfrentar este problema pasa por resolver la fragmentación y debilidad de la dirigencia indígena.

A su vez, la tensión en la relación entre el estado y los indígenas se explica por su empleo en los conflictos con Ecuador, colonización forzada, esclavitud, invasión de tierras, discriminación racial y hasta el uso de la zona como campo de prueba para las bombas de NAPALM que luego se usaron en Vietnam.

Ese es el contexto que podría explicar la actitud inspirada por el gobierno aprista hacia las comunidades amazónicas al promulgar una legislación ‘perro del hortelano’ que era relevante para sus vidas pero sin efectuar la menor consulta requerida, sin oír los reclamos que ello generó, y tratándolos con desprecio a través de spots publicitarios lamentables, con un Congreso indolente y un Consejo de Ministros desarticulado para enfrentar el grave problema que se había producido.

A su vez, el operativo policial para despejar con métodos ilegales y abusivos la carretera que había sido tomada por las organizaciones amazónicas fue un ejemplo de irresponsabilidad. Peor aún, existe la sospecha legítima de que se quiso usar la fuerza cuando ya se sabía que los indígenas iban a despejar la vía.

La tragedia de Bagua constituye una expresión de las severas fallas institucionales que enfrenta el Perú. No entenderla en su profundidad solo llevará a que se repita cada cierto tiempo, cambiando solo de escenario.