Admirar a Machu Picchu, pero despreciar al indio. Esa es una vieja historia que todos conocemos y que el futuro Ministerio de Cultura puede repetir si considera que su centro de interés es sólo el patrimonio cultural y no sus productores ni sus herederos. Si eso fuera así, el gobierno y el Estado peruanos cometerían (una vez más) un asalto a mano armada para apropiarse del rico patrimonio cultural andino. Para evitar la repetición de esa injusticia histórica es necesario que, con la creación de dicho ministerio, se resuelvan dos viejos problemas que las élites criollas nunca han querido encarar con seriedad: el reconocimiento de la pluriculturalidad del Perú y el otorgamiento de una representación política propia a los grupos culturales indígenas que la reclaman. El primero es un problema político y el segundo es una cuestión estatal.

Perú es un país multicultural complejo. Es principalmente multiétnico y a la vez multinacional. A diferencia de Bolivia y Ecuador, los quechuas y los aimaras del Perú no demandan un Estado multinacional sino una mejor forma de integración al país. Las etnias de la Amazonía, en cambio, formulan demandas propias de un Estado multinacional: reconocimiento de una identidad propia, autonomía del territorio que ocupan y formas de representación propia. En ambos casos se trata de un legítimo reconocimiento del otro que las élites criollas nunca estuvieron dispuestas a aceptar.

La aristocracia criolla del siglo XIX desconoció simplemente la existencia del indio y la del siglo XX no lo reconoció como tal sino que buscó su transformación por medio de la homogeneización cultural a través de la educación. Educar para los civilistas de comienzos del siglo XX era castellanizar. La solución del viejo problema político de la multiculturalidad pasa por la capacidad de las élites criollas de articular sus intereses y sus sentimientos con los intereses y los sentimientos de las etnias andinas y amazónicas para formar una comunidad política plural.

El reconocimiento político de la multiculturalidad del país permite resolver ese mismo problema en el nivel del Estado mediante el otorgamiento de derechos específicos (uso del quechua y del aimara en los centros de salud, de educación, en las comisarías, financiamiento estatal de las actividades culturales andinas, respeto a sus tradiciones, etc.) en el caso de la multietnicidad y mediante el reconocimiento de los derechos colectivos en el caso de las etnias de la Amazonía, además, por cierto, de los derechos universales de la ciudadanía. La solución estatal sería incompleta si no se otorgara al mismo tiempo una cuota de representación a las etnias amazónicas en las instancias legislativas del gobierno central y de algunos gobiernos regionales. Como sucede en Colombia, por ejemplo. Una vez resuelto el problema político y estatal de la multiculturalidad, la creación del Ministerio de Cultura puede ser el punto de partida y el anuncio de la reestructuración del Estado sobre la base del consenso ciudadano. El Estado dejaría de ser, de ese modo, un aparato meramente coercitivo para comenzar a ser también un aparato hegemónico movido por la cultura y el consenso de todos los peruanos.

¿Por qué la propuesta del nuevo Ministerio de Cultura no involucra a la ciencia y a la tecnología en su estructura? La única respuesta posible es que los gobernantes de turno no han logrado entender la importancia que ellas tienen no sólo para el desarrollo económico sino también para la nueva configuración política de un Estado hegemónico. Ellas son las cenicientas en el despliegue actual de las políticas públicas del Estado, no ocupan un lugar importante en su estructura ni reciben el apoyo presupuestal necesario para su desarrollo. Los científicos y los técnicos –y los intelectuales en general– constituyen, sin embargo, el cemento que puede dar unidad a una comunidad política plural como la peruana.