Un informe de la comisión de expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) recomendó en febrero pasado al Gobierno Peruano suspender las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a las comunidades indígenas y campesinas del país. Obviamente, tamaño pedido causó zozobra en los predios empresariales, a tal punto que el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, señaló que dicha comisión se había extralimitado en sus funciones.

Pero la comisión había sido aun más severa. Además de pedir que se congelaran las actividades extractivas, llamó la atención al Estado Peruano indicando que no cumplía con once artículos del Convenio 169 de la OIT, relativos al sistema de consultas a las comunidades indígenas y nativas.

Dicha comisión insistía en que en el Perú no había un sistema de consulta legítimo ni una norma que valide el Convenio 169 en el país.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, señala que cuando dicha unidad de la OIT hizo este pedido varias organizaciones (estatales y privadas) agrupadas en la Mesa N° 3 (una de las cuatro mesas que se formaron tras los lamentables sucesos de Bagua) trabajaban en una norma sobre el derecho de consulta, que se cristalizó en el dictamen de ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, aprobado por el Congreso hace diez días.

POR INVERSIONES

¿Representa esta norma una amenaza para las inversiones extractivas como la minería, hidrocarburos y forestal que impactan en forma directa en las comunidades? Según el presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, esta no apunta a afectar a las empresas, pues la consulta a las comunidades indígenas o campesinas, según su interpretación, es para medidas legislativas que lesionan sus derechos.

“Hay una normatividad para las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales y el dictamen aprobado por el Congreso no altera lo ya establecido”, señala.

Sin embargo, no todos creen esto. El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, indica que la norma sí alcanza a las empresas extractivas, puesto que el dictamen aprobado por el Congreso indica que se someterán a consulta también las medidas administrativas que afecten directamente los derechos colectivos de las comunidades.

Señala que una concesión minera o petrolera otorgada por el Estado es una acción administrativa, en ese sentido debe ser sometida a consulta.

Una fuente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refiere que la norma aún tiene muchas aristas por aclarar. Hoy el Consejo Consultivo (formado por los ex presidentes de la SNMPE) se reunirá para analizar la norma y pronunciarse al respecto.

NO HAY VETO

Lo que sí queda claro es que no hay derecho a veto para las actividades extractivas. La ley tampoco considera los plebiscitos o consultas populares como mecanismos válidos para detener proyectos económicos.

Dennis Pashanase, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidepsep) —promotor de la norma— indica que la consulta no será a caseríos sino a pueblos y explica que se tratará de un diálogo directo con las autoridades legítimamente elegidas.

Sin embargo, la preocupación de los inversionistas mineros y petroleros no precisamente es el tema del veto, sino el hecho de que se formaría una serie de mesas de diálogo que retrasarían los proyectos.

José Miguel Morales indica que el riesgo de la norma es que se antepongan intereses políticos para detener proyectos necesarios para el país. “No se trata solo de proyectos mineros. Por ejemplo, si una carretera cruza por los terrenos de una comunidad y esta se opone por intereses políticos, podrían primar los deseos de estas pocas personas antes que los del país”, advierte.

La otra preocupación es el tema de la organización de las comunidades. Según el Indepa hay registradas 7.511 comunidades campesinas y nativas. Según Morales, no todas se encuentran debidamente organizadas y sus padrones no están actualizados. “Existen incluso directivas simultáneas disputándose el poder”, sostiene.

El presidente del Indepa, Wayna Cápac Alatrista, reconoce que en varias comunidades existen estos problemas, pero indica que esta organización trabaja por solucionarlos.

Alatrista aclara que, al final, las comunidades no dialogarán con las empresas sino con el Estado en su rol de administrador.

El dictamen aún no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo. De promulgarse, el Indepa tendrá 90 días para implementar la ley.

El presidente de la Conacami, Mario Palacios, considera que, mientras esto suceda, el Gobierno debe detener el otorgamiento de concesiones mineras y petroleras atendiendo a la recomendación de la Comisión de Expertos de la OIT, pedido que vuelve a causar zozobra en los predios de la SNMPE.