Servindi, 28 de mayo, 2010.- La “Coordinación Genocidio Nunca Más” demandó el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de la conmemoración de los 32 años de la masacre de Panzós, perpetrada por el ejército de Guatemala.

Mediante un comunicado pidieron se respete el derecho a la consulta de los pueblos antes de iniciarse proyectos de cualquier tipo que atenten contra el territorio de los pueblos indígenas.

En tal sentido, exhortaron al Presidente la República “detener y suspender las concesiones a transnacionales para la explotación y exploración de recursos naturales”.

La citada coordinación está integrada por diversas organizaciones sociales, colectivos y personas en lo individual sobrevivientes o familiares de víctimas del conflicto armado.

La masacre de Panzós se produjo un 29 de mayo de 1978, cuando miembros del Ejército abrieron fuego contra campesinos hombres y mujeres de las comunidades de Cahaboncito, Panzós, Semococh, Rubetzul, Canguacha, Sepacay, Finca Moyagua y barrio Soledad de Alta Verapaz.

Los pobladores, liderados por Mama Maquin, se manifestaban pacíficamente frente a la Municipalidad de Panzós convocados por el alcalde.

La masacre se produjo en medio de un contexto atravesado por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de campesinos que luchaban por sus tierras.

Precisamente, el jueves 27 la Coordinación Genocidio Nunca Más organizó el VideoForo: “Morir para ganar la vida. La Masacre de Panzós” producido por la asociación Comunicarte en el que se reflexió sobre este sombrío capítulo de la historia de Guatemala.

Coordinación Genocidio Nunca Más: 2010 Año contra la Impunidad

Hace 32 años… Cuando Panzó se tiñó de rojo

En el marco de la conmemoración de los 32 años de la masacre de Panzós perpetrada por el ejército de Guatemala, la Coordinación Genocidio Nunca Más, integrada por diversas organizaciones sociales, colectivos y personas en lo individual sobrevivientes o familiares de víctimas del conflicto, a la sociedad guatemalteca, medios nacionales e internacionales y autoridades en general, expresamos:

El 29 de mayo de 1978, campesinos hombres y mujeres de las comunidades de Cahaboncito, Panzós, Semococh, Rubetzul, Canguacha, Sepacay, Finca Moyagua y barrio Soledad de Alta Verapaz, manifestaban frente a la Municipalidad de Panzós, con decisión y coraje, liderados por Mama Maquin. En ese momento el ejército quien se encontraba ya en el lugar comenzó a disparar asesinando a hombres, mujeres y niños. Asimismo, antes y después de este hecho se registraron varias desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de campesinos que luchaban por sus tierras.

Ese día el alcalde les había citado para responder a las demandas y resistencia del pueblo en cuanto a los desalojos de sus tierras por parte de finqueros, autoridades locales, y militares a favor de los intereses económicos de la compañía Explotaciones Mineras de Izabal –EXMIBAL, además de la explotación minera de otros minerales por la empresa Transmetales, S.A. Otra de las amenazas de ese entonces eran los proyectos de explotación y exploración de petróleo: Exxon, Shenandoah y los contratos de Hispanoil y Getty Oil, al igual que la necesidad de expansión territorial de dos megaproyectos de esa época: la Franja Transversal del Norte y la hidroeléctrica Chixoy.

Esta masacre fue el inicio de toda una estrategia de genocidio contra la población maya impulsada por el Estado de Guatemala durante el conflicto armado interno, a través de las sus fuerzas represoras, éstos graves crímenes aún continúan en la impunidad.

La historia se está repitiendo, actualmente existe la amenaza de que estos mismos crímenes vuelvan a suceder debido a la estrategia de despojar y desalojar a la población de sus territorios con intereses económicos por parte de grupos con poder y empresas de explotación minera como la Compañía Guatemalteca de Níquel, hidroeléctricas e infraestructura vinculada al renovado proyecto de la Franja Transversal del Norte, así como el despojo a causa de la siembra de caña de azúcar por parte del Ingenio Chowil Ut´zij´de la Familia Berger Widman y empresas que impulsan la siembra de Palma Africana tales como Indesa y Padesa de la Familia Maegli Müller.

Manifestamos nuestra preocupación por el resurgimiento de éstas formas de apropiación y explotación de los territorios de la población maya por parte de los grupos poderosos del país, ya que son los mismos intereses económicos que motivaron al ejército a ejecutar los planes “contrainsurgentes” y que culminaron con la perpetración de genocidio contra la población maya durante los años más crueles del conflicto armado.

La denuncia de esta masacre fue presentada el mismo día en que sucedió. La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, ha sido querellante adhesiva en el caso, el cual se encuentra paralizado por la inacción del Ministerio Público, quien ha incumplido con su papel de investigador haciendo difícil romper el muro de la impunidad.

En estos 32 años se han logrado algunos avances al encontrar 35 osamentas de víctimas en las exhumaciones realizadas en la región, se han presentado testimonios de 22 testigos y realizado la exhumación e inhumación de dos osamentas de víctimas que estuvieron 10 años olvidadas en una bodega en el Ministerio Público de Cobán, sin embargo, aún continua pendiente la prueba de ADN de éstas dos víctimas y sobre todo que el Ministerio Público agilice el proceso. Por lo anterior expuesto:

– Al Ministerio Público y Fiscalía de Derechos Humanos que investigue y agilice el proceso a su cargo, el cual se encuentra paralizado desde hace dos años en esa institución para poder llegar a los tribunales y castigar a todos los responsables de esta masacre. Pero también agilice los procesos investigativos en las otras masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, desplazamiento forzado y de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército durante el conflicto armado interno.

– Al Presidente de la República a cumplir y respetar los sucrito en los Acuerdos de Paz, referentes a las funciones del ejército y que detenga la remilitarización tanto de la región de Panzós, como todas las regiones en donde nuevamente el ejército está instalando destacamentos militares con el fin de controlar a la población.

– A todas las autoridades de justicia actuar apegados al derecho y conforme a la ley aplicando y respetando todos los tratados y convenios nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Guatemala en los cuales se estipula castigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.

– Al Gobierno que impulse un efectivo resarcimiento integral y que cese la manipulación de las víctimas y otras anomalías, como la ineficiencia del Programa Nacional de Resarcimiento.

– El cumplimiento del convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo lo referente a la consulta de los pueblos antes de iniciar proyectos de cualquier tipo que atente contra el territorio de los pueblos indígenas. En este sentido al Presidente la República a detener y suspender las concesiones a transnacionales para la explotación y exploración de recursos naturales.