Finalmente, tras un largo proceso de debates y revisiones, el pleno del Congreso aprobó mayoritariamente la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Ello es un logro trascendental tanto en el largo camino de reivindicación de derechos de un amplio sector de conciudadanos, cuanto de actualización de nuestro marco legal a las recomendaciones de la OIT.

La norma aprobada indica, como debe ser, que todas las autoridades estatales estarán obligadas a buscar el consenso o el consentimiento de las comunidades campesinas e indígenas en todo aquello que legal o administrativamente las afecte.

Son múltiples los beneficios de esta ley, sobre todo para prevenir y resolver los conflictos sociales que se producen como consecuencia de la escasa voluntad política o la falta de comunicación que haga entender a todas las partes las necesidades y el punto de vista del otro. El caso de Bagua, terrible por sus 34 muertos y otros perjuicios a la zona, es dolorosamente ilustrativo de lo que puede pasar cuando se actúa de modo unilateral.

Como bien ha dicho la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, esta ley constituye un mecanismo crucial para institucionalizar el diálogo entre las comunidades y el Estado, así como para alcanzar acuerdos que redunden en beneficio de todos.

Queda ahora un arduo camino por recorrer en varios sentidos. Antes que nada para informar a las comunidades sobre los alcances de la nueva norma, enfatizando sus derechos que deben ser respetados, pero también los del Estado unitario, del ecosistema y del resto de peruanos sobre ciertos recursos que pertenecen a todos.

En cuanto al Gobierno, tiene que asumir plenamente su responsabilidad de hacer cumplir la ley y promover canales de diálogo y acercamiento, de modo permanente. Cuenta para ello con autoridad, legitimidad e imparcialidad, que son valores principales para resolver conflictos y evitarlos.

En tanto, las empresas que tengan planes de exploración o explotación de recursos en zonas habitadas por comunidades, pues tienen que comprometerse decididamente a informar e involucrar al entorno poblacional en sus proyectos. Aquí la responsabilidad social se convierte en una obligación que tendrá sus frutos positivos si es bien encauzada. En tal sentido, las audiencias públicas para evaluar planes de exploración minera o petrolera deben informar pero también motivar la participación de los ciudadanos.

Lo que todos buscamos, finalmente, es desbaratar el clima de confrontación que solo lleva a la violencia, para pasar a uno de diálogo y entendimiento que asegure el bienestar de las comunidades, el equilibrio ambiental y también la paz social y el desarrollo económico del país, en el competitivo y preocupante contexto global que vivimos hoy.