Amnistía Internacional siente preocupación porque una nueva ley, de amplio alcance, sobre la actuación policial en relación con los migrantes, introducida en el estado estadounidense de Arizona y firmada por la gobernadora el 23 de abril, dará lugar a violaciones de derechos humanos tales como discriminación racial y detenciones y reclusiones arbitrarias.

Esta ley faculta a los policías de Arizona a dar el alto e interrogar respecto a su situación de ciudadanía a cualquier persona que se encuentre en el estado, y a entregar a las autoridades de inmigración –para su posible procesamiento, encarcelamiento o expulsión– a cualquier persona que no presente de inmediato documentación que acredite que se encuentra en Estados Unidos legalmente.

Amnistía Internacional siente preocupación porque la ley no contiene salvaguardias contra el establecimiento de criterios raciales por parte de la policía para dar el alto a una persona exclusivamente a causa de su aspecto, su origen o su nacionalidad: una práctica discriminatoria que viola derechos fundamentales. La ley también aumenta la probabilidad de las detenciones y reclusiones arbitrarias en el caso de las personas que no puedan presentar de inmediato los documentos necesarios.

El derecho fundamental a la libertad y a no sufrir detención o reclusión arbitrarias es un derecho humano universal que se aplica a las personas migrantes independientemente de su condición jurídica, y aparece consagrado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ha firmado y ratificado, y también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de los Migrantes.

Amnistía Internacional pide que se derogue esta ley y que se promulgue legislación nacional sobre la inmigración que incluya salvaguardias sólidas de derechos humanos, incluido el proceso debido para las personas sin ciudadanía estadounidense en los procesos de expulsión, y salvaguardias contra la detención arbitraria.