La caoba, el oro rojo de la Amazonía, es sin duda la especie forestal más valiosa de los bosques tropicales. En la mayoría de los países de la cuenca amazónica está en veda. Menos en el Perú donde la extracción ilegal amenaza los últimos rodales que aún sobreviven a la voracidad de los extractores.

Alarmada por esta situación (vergüenza ajena tenemos de que otros se preocupen por la conservación de nuestros recursos naturales), la Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) le ha dado un ultimátum al Perú urgiéndole que en seis meses controle la extracción ilegal de caoba (Swietenia macrophylla). El incumplimiento significará la suspensión de la exportación de esta especie forestal cuyo precio en el mercado es de 12 soles el pie tablar y la revisión de la addenda forestal del TLC o Acuerdo Comercial con Estados Unidos.

La addenda forestal obliga al Perú a implementar un sistema de información y control forestal con una inversión anual de 10 millones de dólares y un plan de control de la caoba con un fondo de 10 millones de dólares por dos años. A la fecha, cuatro años después de suscrito el compromiso, la ejecución de la addenda está casi paralizada.

Pero el tráfico de la caoba continúa. La cuota de exportación decidida entre el ministerio del Ambiente (MINAM) y la Universidad Nacional Agraria de La Molina, las autoridades científicas ante la CITES y el ministerio de Agricultura, la autoridad administrativa, para el año 2009 es de 851 árboles con un volumen de 10, 768 metros cúbicos y correspondientes a 27 Planes Operativos Anuales (POAs).

Sin embargo, la Dirección General Forestal de Forestal y Fauna Silvestre (DGFFS) del ministerio de Agricultura mediante la Resolución No. 02 del 13 de mayo del 2009 y firmada por el entonces director de la DGFFS, Ing. Gustavo Suárez de Freitas Calmet, establece una serie de mecanismos de excepción que hace subir el volumen de caoba aprovechada. Pero lo más grave y escandaloso es que dicha Resolución 02 estaría usando información falsa, pues los 27 POAs, que forman parte de la cuota 2009, tienen 973 árboles autorizados para tumbarlos y extraerlos en abierta contradicción con el “Informe de Aprovechamiento No Perjudicial de Aprovechamiento de la Caoba para el 2009”, de la Autoridad Científica CITES, el ministerio del Ambiente.

Algo se está pudriendo en la DGFFS que requiere una urgente investigación. Porque nunca, como ahora, la DGFFS estuvo bajo el control de los madereros. Nunca, como ahora, el estado peruano ha sido capturado por los monopolios y olipolios nacionales y extranjeros.